Ley de tierras: nadie te va a decir que vende la patria

Hay una regla vieja del oficio parlamentario: cuando una ley necesita un nombre demasiado lindo, conviene leerla dos veces. El proyecto que el Senado tratará este jueves se llama "de Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Nadie puede estar en contra de eso.

Es como estar en contra de la salud pública o la educación. Pero el título sólo es un envoltorio lindo, para un contenido nada agradable. Adentro hay modificaciones a  cuatro leyes: el régimen de tierras rurales, el de expropiaciones, el de desalojos y el de manejo del fuego.

Y el capítulo que trabó la sanción cuatro veces no tiene nada que ver con proteger al vecino que teme una toma. Tiene que ver con quién puede comprar el territorio argentino y dónde.

 

El argumento que se cae solo 

  El Gobierno sostiene que la ley de 2011 espanta inversiones. Veamos los números, que son públicos y son del propio Estado. Hoy hay alrededor de 13,2 millones de hectáreas en manos extranjeras: cerca del 5% de las tierras rurales del país.

El techo que fija la ley vigente es el 15%. Es decir: sobran dos tercios del cupo. Si mañana llegara un montón de inversión extranjera, la ley de 2011 no lo frenaría. Habría lugar para triplicar lo que hay.

  Entonces, ¿de qué inversión estamos hablando? De una muy específica. Porque el problema nunca fue el porcentaje; es el mapa. Hay treinta y seis departamentos que ya exceden el tope legal, algunos por encima del 30% y cuatro donde más de la mitad del suelo ya no tiene dueño argentino.

Y no están en la pampa húmeda. Están en la cordillera y en la frontera: Lácar en Neuquén, Molinos y San Carlos en Salta, General Lamadrid en La Rioja, la ribera del Paraná en Misiones y Corrientes. Cordón montañoso, agua dulce, litio, cobre, glaciares, línea de frontera.

  Lo que la ley vigente impide no es comprar campo. Es comprar ahí.

  Cuando uno entiende eso, la reforma deja de ser un debate económico abstracto y se vuelve un debate sobre la soberanía.

 

La trampa fina: quién es "extranjero" 

  Acá está el punto que casi no se discute en televisión y es el más importante de todos.

  El proyecto conserva las restricciones para los Estados extranjeros y sus empresas estatales. Eso suena tranquilizador y por eso lo repiten. Pero al restringir la definición de "sujeto extranjero" prácticamente a los Estados, deja fuera del control a los actores que efectivamente compran tierra en el siglo XXI: fondos de inversión, corporaciones multinacionales, vehículos societarios donde nunca se sabe el dueño real.

  Ningún país serio compra territorio a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se compra a través de una sociedad radicada en un tercer país, controlada por otra, financiada por un fondo soberano.

 

El agua, que no vuelve 

  El proyecto deroga el artículo que prohíbe a extranjeros adquirir tierras ribereñas de cuerpos de agua permanentes. Ríos, lagos, lagunas, nacientes.

  No hace falta imaginar el desenlace: ya lo tenemos filmado. El caso del Lago Escondido lleva años de litigio para que argentinos puedan acceder a un espejo de agua que, según nuestro propio Código Civil, es de dominio público.

Un solo propietario, una sola tranquera, dos décadas de juicios. Multipliquemos eso por cada lago patagónico, por cada tramo de río, en un mundo donde el agua dulce dejó de ser un paisaje para convertirse en un activo estratégico y donde los centros de datos se instalan exactamente donde hay agua y energía barata.

 

El detalle que nadie mira: el fuego 

  Escondido en el paquete hay un cambio a la Ley de Manejo del Fuego. Hoy, un inmueble incendiado no puede cambiar de destino, subdividirse ni venderse durante treinta años en zonas agropecuarias y hasta sesenta en bosque nativo. La razón es obvia para cualquiera que haya vivido un verano en la cordillera: sin esa prohibición, el incendio se convierte en un método de habilitación urbanística.

El proyecto reduce esas restricciones. En un país que se prende fuego todos los eneros, eso no es desregular. Es cambiar el precio relativo del delito.

 

El espejo internacional 

El argumento de que el mundo desarrollado se queja de nuestro proteccionismo es, sencillamente, falso.

Brasil exige aprobación de la Abogacía General de la Unión. Canadá suma controles provinciales estrictos a las restricciones federales. Chile pide autorización del Ejecutivo nacional para zonas de frontera. Los países escandinavos exigen fines agrícolas y residencia permanente.

China directamente no admite la propiedad privada del suelo. Rusia obliga a invertir a través de sociedades locales. Y Estados Unidos (el modelo declamado por este Gobierno) vive el mayor movimiento restrictivo de su historia moderna: de los más de quinientos proyectos presentados desde 2021 entre estados y Congreso, casi dos de cada tres incluyen cláusulas que limitan la propiedad por parte de ciudadanos chinos.

  Cuando ellos protegen su territorio, lo llaman seguridad nacional. Cuando lo hacemos nosotros, nos dicen que espantamos inversiones.

 

De qué se trata realmente 

  Este no es un debate entre defensores de la propiedad privada y nostálgicos del Estado. Es un debate sobre soberanía en el sentido más literal y menos épico del término: quién decide sobre un pedazo de suelo, y bajo qué reglas.

  Argentina llega a esta votación en el peor momento posible para bajar la guardia. El mundo entró en una etapa de competencia abierta por minerales críticos, alimentos y agua.

Tenemos la tercera reserva mundial de litio, cobre en cantidad, uno de los núcleos de tierra fértil más grandes del planeta y reservas de agua dulce que otros países ya no tienen.

Somos, medido con la proyección antártica, uno de los territorios más extensos del mundo, con una densidad poblacional baja y una capacidad estatal de control fronterizo que todos sabemos cuál es.

  Abrir la tranquera justo ahora, y hacerlo con una definición de "extranjero" que deja afuera a los compradores reales, no es audacia reformista. Es cuando menos desprolijidad estratégica.