El Gobierno endureció los controles migratorios y sumó causales de expulsión por odio contra argentinos
Mediante un DNU publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo amplió los supuestos para impedir el ingreso, cancelar residencias y disponer expulsiones. La norma excluye las expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana amparadas por la Constitución.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con el que se modificó la Ley de Migraciones N° 25.871. La reforma incorpora nuevas causales para negar el ingreso al país, cancelar residencias y disponer la expulsión de extranjeros.
Según el texto, no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan emitido "mensajes de odio" de forma oral o escrita, o hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra cualquier ciudadano argentino por motivos de nacionalidad. La misma medida alcanza a quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales o promuevan esas conductas.
El DNU incorpora estos supuestos al artículo 29, referido a los impedimentos de ingreso, y al artículo 62, que regula las causales de cancelación de residencia. Además, modifica el artículo 63 para habilitar que, una vez dispuesta la cancelación, la autoridad ordene el abandono del país o la expulsión del territorio nacional, según cada caso.
La norma aclara que las nuevas disposiciones no alcanzan a "las expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana" que constituyan el ejercicio legítimo de derechos garantizados por la Constitución Nacional. En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que se incrementaron los mensajes de odio y los actos de hostilidad contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional.
En paralelo, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que afirmó que el DNU incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión a "todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios". También señaló: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
