Formalizaron la investigación contra José Castro y tres concejales oficialistas

Después de cuatro meses de planteos y recursos judiciales, la Justicia de San Juan habilitó finalmente la formalización de una investigación penal que tiene como imputados al intendente de Angaco, José Castro, y a los concejales oficialistas Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi, a pedido del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía.

El Ministerio Público Fiscal tendrá ahora siete meses para avanzar con la investigación penal preparatoria y reunir los elementos necesarios para definir si corresponde llevar a juicio a las autoridades angaqueras. El plazo se extenderá hasta los últimos días de febrero del próximo año.

La audiencia de formalización estuvo precedida por una serie de recursos presentados por las defensas, que intentaron impedir que el proceso avanzara mientras permanece pendiente de resolución un planteo realizado ante la Corte de Justicia de San Juan.

El último intento consistió precisamente en solicitar la suspensión de la audiencia debido a la existencia de ese expediente ante el máximo tribunal provincial. El juez Fernández Caussi rechazó el pedido y permitió que la Fiscalía formalizara la investigación.

Qué se investiga

La imputación presenta distintos cargos según la función que desempeñaban los acusados.

En el caso del intendente José Castro, el Ministerio Público Fiscal investiga los presuntos delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Respecto de los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, la acusación contempla abuso de autoridad y encubrimiento.

El expediente tiene su origen en una situación vinculada con la utilización de recursos municipales de Angaco en un predio ubicado en Chimbas. La investigación se relaciona con el uso, presuntamente irregular, de maquinaria y trabajadores pertenecientes al municipio para realizar tareas en ese terreno.

El episodio ya había generado una causa penal contra Castro por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, un segundo expediente comenzó a tomar forma a partir de una actuación posterior del jefe comunal y de los concejales.

El convenio que abrió una nueva causa

En febrero, Castro acudió a la Sala I de la Cámara Penal con el objetivo de evitar que se realizara el juicio que se encontraba en trámite en su contra.

Como parte de esa estrategia, el intendente presentó un acuerdo de reparación integral suscripto junto a los concejales De los Ríos, Paredes y López. El convenio contemplaba el pago de 3 millones de pesos destinados a Cáritas de Angaco.

La presentación del acuerdo derivó en una nueva denuncia. La fiscal que intervenía en el juicio, Silvina Gerarduzzi, entendió que la actuación del intendente y los concejales podía configurar nuevos delitos y puso el caso en conocimiento de la Justicia.

A partir de esa denuncia comenzaron a analizarse las posibles responsabilidades penales de Castro y los tres ediles por la firma y utilización del convenio.

El expediente quedó luego bajo la órbita del fiscal Francisco Nicolía, quien procuró avanzar con la formalización de la investigación.

Una discusión sobre si el conflicto debía resolverse en el fuero penal

La principal estrategia de las defensas durante estos meses estuvo centrada en cuestionar la naturaleza penal del expediente.

El abogado Marcelo Fernández Baldez, representante de Castro, y Leonel García, defensor de los concejales y además asesor legal del Concejo Deliberante de Angaco, sostuvieron que el conflicto no debía tramitarse ante la Justicia penal.

Según esa postura, el origen de la controversia se encuentra en una resolución adoptada por el Concejo Deliberante, por lo que entendían que la cuestión debía ser analizada en el fuero Contencioso Administrativo.

Con ese argumento, las defensas comenzaron una serie de presentaciones destinadas a evitar que la Fiscalía formalizara la investigación.

Primero plantearon su oposición ante el juez de Garantías. La discusión llegó posteriormente al Tribunal de Impugnaciones, donde la jueza Ana Lía Larrea rechazó los planteos defensivos.

Lejos de conformarse con esa resolución, los abogados recurrieron nuevamente y presentaron una queja que también fue desestimada. Luego avanzaron con una acción directa por recurso denegado ante la Corte de Justicia provincial.

Ese expediente quedó formalmente presentado ante el máximo tribunal a mediados de junio.

La defensa pidió esperar a la Corte

Con el planteo todavía pendiente ante la Corte, los abogados consideraron que la investigación penal debía quedar suspendida hasta que el máximo tribunal resolviera la cuestión.

Ese argumento fue llevado nuevamente a la audiencia de formalización, pero el juez Fernández Caussi entendió que la existencia de la presentación ante la Corte no impedía que la Fiscalía avanzara.

El magistrado consideró determinante lo resuelto anteriormente por el Tribunal de Impugnaciones. Según explicó, la jueza Larrea había ordenado que el expediente regresara "inmediatamente" para continuar con el trámite correspondiente.

Fernández Caussi advirtió que desconocer esa disposición implicaría desatender una decisión judicial vigente y remarcó que lo resuelto por la jueza de Impugnación no constituía materia de una impugnación extraordinaria.

Por esa razón, rechazó el planteo de las defensas y habilitó la formalización de la investigación.

El juez explicó qué cambia con la formalización

Durante la audiencia, Fernández Caussi también explicó que el paso procesal solicitado por la Fiscalía no implica una decisión definitiva respecto de la responsabilidad penal de los acusados.

Según señaló, lo que se produce es un cambio en el estado del expediente: de una investigación que hasta ese momento se encontraba desformalizada pasa a una investigación formalizada.

El magistrado destacó además que esta nueva instancia representa una posibilidad concreta para los defensores, ya que a partir de la formalización podrán acceder a las actuaciones realizadas por la Fiscalía y conocer con mayor amplitud los elementos incorporados al expediente.

En ese sentido, sostuvo que la medida permite un mejor ejercicio del derecho de defensa.

Siete meses para definir el futuro de los imputados

El fiscal Nicolía había solicitado originalmente seis meses para desarrollar la investigación. Sin embargo, explicó que ese período llevaría el vencimiento del plazo hasta enero, coincidiendo con la feria judicial.

Ante esa situación, solicitó que el plazo fuera extendido durante un mes adicional.

El juez aceptó el pedido y estableció finalmente siete meses de investigación penal preparatoria, período durante el cual la Fiscalía deberá profundizar las medidas destinadas a determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una acusación formal y un eventual juicio.

Durante este tiempo, Castro y los tres concejales asumieron el compromiso de someterse al proceso y de no obstaculizar las medidas investigativas.

La causa original contra Castro continúa suspendida

La nueva investigación tiene además una relación directa con el expediente principal que involucra al intendente de Angaco.

En esa causa, Castro se encuentra procesado por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz del supuesto uso de maquinaria y personal municipal en un terreno de Chimbas.

Ese proceso quedó suspendido hasta que exista una "sentencia firme" en el expediente que actualmente se encuentra bajo el sistema acusatorio.

Mientras tanto, la nueva causa formalizada por el fiscal Nicolía abre un escenario judicial diferente para el intendente y los tres concejales, quienes deberán atravesar ahora una investigación penal preparatoria que tendrá como fecha límite los últimos días de febrero del próximo año.

La Fiscalía deberá definir durante ese período si los elementos reunidos permiten sostener las acusaciones y avanzar hacia una instancia de juicio o si, por el contrario, corresponde adoptar otra decisión procesal.