ATAP cuestionó la versión oficial y advirtió que la crisis del servicio es estructural

El intercambio entre el Gobierno provincial y las empresas de colectivos incorporó un nuevo episodio. Tras la explicación de la Secretaría de Tránsito y Transporte, que vinculó la demora en los pagos con observaciones en la documentación presentada por las prestatarias, la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) rechazó esa interpretación y afirmó que el problema del sistema es más profundo.

Desde la entidad que agrupa a las firmas del servicio urbano e interurbano admitieron que pudieron registrarse observaciones de carácter administrativo en algunas liquidaciones presentadas el 14 de julio, pero remarcaron que fueron subsanadas en tiempo y forma y que integran un procedimiento habitual. En ese marco, consideraron que esas objeciones no alcanzan para explicar el escenario económico que atraviesa el transporte público sanjuanino.

ATAP aseguró que la deuda total del Estado asciende a $9.750.150.676,43. Según detalló, ese monto incluye compensaciones por el Boleto Escolar Único por más de $2.035 millones, fondos para trasbordos que superan los $823 millones y mayores costos operativos que, de acuerdo con las empresas, no fueron reconocidos durante el último tramo de 2025 y los primeros meses de 2026.

La entidad también incorporó a su reclamo obligaciones pendientes del año pasado, compensaciones por el incremento de costos de enero y febrero de este año y pagos por servicios especiales prestados en distintos departamentos del interior durante abril, mayo y junio. En paralelo, planteó diferencias por los recursos nacionales destinados a cubrir los atributos sociales del sistema.

Mientras el Gobierno informó que esos fondos fueron transferidos por la Nación el 28 de julio, ATAP sostuvo que, al momento de emitir su comunicado, el dinero todavía no había sido acreditado en las cuentas de las empresas prestatarias. En su descargo, las compañías remarcaron además que esos recursos no constituyen un beneficio empresarial, sino parte del esquema para sostener el servicio y reducir el valor del boleto.

En medio del conflicto, las empresas mantienen una reducción en la cantidad de colectivos que circulan a diario, medida que atribuyen al desfinanciamiento del sector. La situación ya derivó en sanciones: en los últimos días trascendió que al menos dos empresas fueron penalizadas por disminuir alrededor de un 30% sus frecuencias.

Pese a ese escenario, ATAP expresó su voluntad de continuar el diálogo institucional y planteó la expectativa de que las reuniones con la Secretaría de Tránsito y Transporte permitan alcanzar una solución de fondo para garantizar la continuidad y la normal prestación del servicio en toda la provincia.