Desregulación vitivinícola: Entre la modernización necesaria y el temor por la pérdida de identidad

El anteproyecto de "Ley de Desregulación" impulsado por el Gobierno Nacional, bajo la órbita del ministro Federico Sturzenegger, genera un profundo debate en el corazón de la industria vitivinícola argentina. Con el objetivo de promover la liberalización económica y la simplificación administrativa, la propuesta busca transformar normativas que rigen desde hace décadas. Sin embargo, en San Juan, las voces de los principales referentes del sector —Mauricio Colomer, presidente de la Cámara de Bodegueros, y Gustavo Samper, presidente de la Cámara Vitivinícola y vicepresidente de COVIAR— oscilan entre el apoyo a la transparencia y la advertencia sobre los riesgos de "romper por romper".

El fin de la COVIAR: ¿Alivio fiscal o vacío institucional?
Uno de los puntos más drásticos del proyecto es la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) mediante la derogación de la Ley N° 25.849. Esta medida encuentra en Mauricio Colomer a un firme defensor de la eliminación del canon obligatorio. Según Colomer, la Cámara de Bodegueros se ha manifestado históricamente en contra de este tributo, calificándolo como "un impuesto más" que es manejado por un grupo reducido de actores, lo que genera falta de representatividad. No obstante, reconoce que, de desaparecer la entidad, las cámaras o algún nuevo ente deberán hacerse cargo de la promoción del vino en el futuro. Campañas de promoción que a lo largo de la vida de la COVIAR, han tenido una muy buena penetración en los consumidores de vinos.

Por su parte, Gustavo Samper cuestiona la lógica de la eliminación de COVIAR en el contexto actual. Para el vicepresidente de la entidad, resulta "dicotómico" que el gobierno busque bajar costos eliminando la corporación mientras, simultáneamente, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) aplica aumentos promedio del 90% en aranceles y multas. Samper advierte que eliminar instituciones no es una solución mágica: "Si tiene que desaparecer, que desaparezca, pero hoy muchos no pagan y la vitivinicultura no se arregló nada".

Importaciones y mezclas: ¿Transparencia o "aleccionamiento" al productor?
El anteproyecto propone que el INV centre sus controles solo en la aptitud para el consumo, dejando los controles de origen y varietal como optativos. Esto permitiría, por ejemplo, importar vino, cortarlo con producto nacional y no estar obligado a declarar su procedencia extranjera.

Para Mauricio Colomer, esta medida simplemente viene a "transparentar" prácticas que ya ocurren ". El bodeguero señala que actualmente muchas bodegas de Mendoza compran uva en San Juan- Pedernal- y no lo declaran en sus etiquetas, perdiéndose el origen real del producto. Según su visión, la nueva ley daría libertad para que estas mezclas se hagan de manera abierta.

Sin embargo, Gustavo Samper ve en esto un peligro inminente para la identidad cultural del vino argentino. Sostiene que permitir la mezcla de vinos importados (muchas veces subsidiados en sus países de origen) con nacionales sin diferenciación es "engañar al consumidor" y una forma de "aleccionamiento" para pisar los precios locales cuando el productor intenta recomponer su rentabilidad. "El vino representa una zona, una cultura y una identidad propia; mezclarlo con vino importado es perder esa identidad", enfatizó.

Nuevas prácticas enológicas y el rol del INV1
La propuesta legislativa también contempla reconocer como lícitas las prácticas avaladas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Esto habilitaría técnicas que hoy están prohibidas en Argentina, como la hidratación o el uso de mostos sulfitados para elaborar vino.

Samper es cauteloso ante estos cambios, señalando que la "genuinidad" del vino, entendida desde la Ley General de Vinos de los años 50 como producto de uva fresca, podría quedar "hackeada" ante la falta de controles. Colomer, en cambio, considera que muchas de estas regulaciones son "arcáicas" (con 50 o 60 años de antigüedad) y que es necesario modernizarse para competir, basándose en la premisa de que, si no se tiene un producto de calidad, el mercado simplemente no lo comprará.

Competitividad y el "costo argentino"
Más allá de la desregulación, Samper pone el foco en el problema de fondo: el costo fiscal y logístico. El dirigente advierte que la industria está "bastante grave" y que es casi imposible competir con países como España, que poseen fuertes subsidios enológicos, mientras en Argentina el costo fiscal "nos tira abajo y nos deja fuera de competencia". Mencionó además la crisis logística, ejemplificada en el cierre del paso Cristo Redentor, que obliga a exportar por Buenos Aires encareciendo los fletes de manera "fantástica".

Un futuro incierto
Mientras que para Colomer la desregulación es una oportunidad para eliminar trabas antiguas y transparentar el mercado, para Samper el enfoque libertario parece estar "tocando de oído" sin conocer a la industria. Ambos coinciden, no obstante, en que la vitivinicultura que conocimos durante el último medio siglo está cambiando drásticamente y que el sector deberá reacomodarse a una realidad de menor consumo y mayor competencia global. El desafío será modernizar la industria sin destruir el tejido social y la identidad que el vino representa para provincias como San Juan.

Sobre la Ley General del Vino
En Argentina, la norma central es la Ley 14.878 de 1959, llamada "Ley General de Vinos", que regula la vitivinicultura y crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) como autoridad de control.

Esta norma Organiza el control de producción, elaboración, circulación y comercialización de vinos; busca proteger la calidad y autenticidad del vino argentino mediante fiscalización estatal y sienta las bases del rol del INV en inspección, registros y normativa técnica del sector. El gobierno libertario de Milei considera que la norma debe actualizarse a tiempos donde hay menos consumos que en el momento en que se sancionó.