Monzón exige al Ejecutivo precisiones por la disolución del Ministerio del Interior vía DNU

La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución para requerir al Poder Ejecutivo información precisa sobre la supresión del Ministerio del Interior y la reforma de la Ley de Ministerios instrumentada mediante el DNU 571/2026. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El pedido solicita que la Jefatura de Gabinete informe, en un plazo de diez días hábiles, cuáles fueron las razones que justificaron la eliminación de esa cartera y por qué se recurrió a un decreto de necesidad y urgencia en lugar de promover una modificación legislativa en el Congreso. Monzón también pregunta por qué no se aguardó el trámite parlamentario ordinario para alterar la estructura ministerial.

Entre los puntos centrales figura el destino del personal de planta permanente, transitoria y contratado que dependía del ex Ministerio del Interior, además de la reasignación de los créditos presupuestarios de esa jurisdicción. La legisladora también pidió precisiones sobre el impacto fiscal de las nuevas figuras de Vicejefe de Gabinete y Vicejefe de Gabinete del Interior, así como de las secretarías de Vocería Presidencial y de Comunicación y Medios, ambas con rango ministerial.

El proyecto reclama asimismo información sobre la continuidad operativa de organismos que pasaron a la órbita de la Jefatura de Gabinete, entre ellos el Renaper, la Dirección Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Monzón planteó además observaciones sobre la concentración de atribuciones en la figura del jefe de Gabinete, que ahora reúne la relación con las provincias, la administración general del país y el control de la ejecución presupuestaria.

En los fundamentos, la diputada sostiene que la mera invocación de "razones de gestión" no alcanza para justificar una medida de esta magnitud por vía de DNU. También recordó un reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral que declaró la nulidad de otro decreto al considerar que argumentos de eficiencia administrativa no configuran circunstancias excepcionales que habiliten ese instrumento constitucional. Por eso, pidió al Gobierno que explique por qué entiende que el DNU 571/2026 no queda alcanzado por ese criterio judicial.