Tras el fallo por los fusilamientos de 1956, piden retirar el nombre de Aramburu de un barrio y una escuela

La reciente sentencia que declaró como crímenes de lesa humanidad los fusilamientos de José León Suárez volvió a poner sobre la mesa una discusión que lleva décadas en San Juan. El militante justicialista Jorge Ariel Rodríguez reclamó que la provincia retire el nombre de Pedro Eugenio Aramburu de un barrio y de una escuela, al considerar que resulta incompatible mantener homenajes públicos a quien fue señalado judicialmente como responsable de aquellos hechos.

El planteo fue difundido inicialmente a través de redes sociales, donde Rodríguez sostuvo que es tiempo de concretar una "verdadera reparación histórica". Sin embargo, en diálogo con Zonda Diario explicó que la iniciativa no es nueva y que forma parte de una lucha impulsada por sectores del peronismo desde el regreso de la democracia.

"Desde 1984 o 1985, cuando se entregó el barrio Aramburu, la militancia justicialista comenzó a buscar distintas formas de cambiarle el nombre. Siempre entendimos que Aramburu fue un presidente de facto, un fusilador y una figura asociada a una de las etapas más oscuras de la historia argentina", señaló.

Según recordó, a lo largo de los años existieron distintos intentos para modificar la denominación del complejo habitacional. Entre ellos mencionó iniciativas encabezadas por la fallecida dirigente Rosalía Garro y un proyecto legislativo impulsado tiempo después por los entonces diputados provinciales Raúl Ávila e Iris Romera.

"Se llegó a presentar un proyecto de ley porque, al tratarse de un barrio del Instituto Provincial de la Vivienda, el cambio debe hacerse mediante una ley. Pero en aquel momento no hubo consenso social ni barrial y se tomó la decisión política de dejar todo como estaba. Pesaron más los intereses políticos que la reparación histórica", afirmó.

La discusión cobró nuevo impulso luego del fallo emitido por la Justicia Federal en el denominado Juicio por la Verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez. La jueza Alicia Vence concluyó que Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas y otros integrantes del gobierno de facto fueron responsables de cinco homicidios agravados y siete intentos de homicidio cometidos en junio de 1956 contra militantes peronistas. El tribunal sostuvo que, de encontrarse con vida, los acusados habrían recibido penas de prisión perpetua.

La causa representa un hito histórico porque, siete décadas después de los hechos, la Justicia determinó que aquellos fusilamientos clandestinos constituyeron delitos de lesa humanidad cometidos desde el aparato estatal.

Para Rodríguez, ese reconocimiento judicial modifica el escenario político y social. "Hoy existe un elemento fundamental que antes no teníamos: una sentencia que considera a Aramburu y a los responsables de esa dictadura como criminales de lesa humanidad. Eso obliga a retomar el debate", sostuvo.

El dirigente también llamó la atención sobre otro aspecto que considera contradictorio. "No solamente existe un barrio con el nombre de Aramburu. También hay una escuela que lleva ese nombre. Lo llamativo es que por la mañana se llama Pedro Eugenio Aramburu y por la tarde Juan Domingo Perón. Son esas paradojas que tiene la historia", expresó.

En ese contexto, pidió a los legisladores provinciales que impulsen una iniciativa para modificar ambas denominaciones. "Cualquier nombre que se elija será mejor que el de un genocida, un fusilador y un presidente de una dictadura. La Cámara de Diputados tiene la facultad de hacerlo y espero que quienes representan al campo nacional y popular estén a la altura de las circunstancias", remarcó.

Rodríguez también recordó que existen normas nacionales y provinciales que desalientan o prohíben la utilización de nombres vinculados a gobiernos de facto para identificar espacios públicos. Por ello considera que el debate excede una cuestión partidaria y se vincula con la construcción de la memoria colectiva.

Mientras tanto, la sentencia por los fusilamientos de José León Suárez continúa generando repercusiones en distintos puntos del país. En San Juan, el fallo reactivó una discusión que parecía archivada y que ahora vuelve a interpelar a la dirigencia política: si corresponde mantener o no homenajes públicos a una figura que la Justicia vinculó con uno de los episodios más emblemáticos de la represión estatal en la Argentina de mediados del siglo XX.

La resolución judicial, dictada a 70 años de aquellos hechos, concluyó que existió responsabilidad estatal en la planificación, ejecución y encubrimiento de los asesinatos y de los intentos de homicidio contra militantes peronistas detenidos ilegalmente. La jueza Alicia Vence consideró que, de haber estado vivos, Aramburu y otros responsables habrían merecido la pena de prisión perpetua por los delitos cometidos.

El caso de José León Suárez ocupa un lugar central en la historia argentina. Los hechos fueron reconstruidos por el periodista Rodolfo Walsh en su célebre libro Operación Masacre, donde relató la ejecución clandestina de civiles acusados de participar en un levantamiento contra la dictadura militar instaurada tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón.

A partir de esa sentencia, Rodríguez volvió a insistir con una iniciativa que en distintas oportunidades fue impulsada sin éxito. Según manifestó, las condiciones políticas actuales permiten retomar el debate y avanzar en una revisión de los homenajes públicos vinculados a figuras asociadas con graves violaciones a los derechos humanos.

En su publicación también apeló a una comparación que busca interpelar a la dirigencia política: "Si nadie quiere colocarle el nombre de Jorge Rafael Videla a un barrio, ¿por qué dejar que uno se llame Aramburu?", expresó.

El dirigente señaló además que la decisión depende exclusivamente de la Cámara de Diputados de San Juan, ya que cualquier modificación en la denominación de establecimientos educativos o barrios requiere una norma provincial.

Por el momento no existen proyectos en tratamiento legislativo sobre el tema, aunque el planteo volvió a instalar una discusión que trasciende la cuestión administrativa y se vincula con la memoria histórica, los símbolos públicos y el modo en que la sociedad decide recordar a los protagonistas de su pasado.