Confirmaron que una exagente de Salud deberá devolver haberes cobrados tras su jubilación

Una exenfermera del Ministerio de Salud Pública de San Juan fue condenada a restituir al Estado provincial más de 4,2 millones de pesos, más los intereses, después de que la Justicia confirmara que continuó cobrando haberes durante nueve años posteriores a su jubilación.

El expediente se originó en noviembre de 2013, cuando Esmeralda Victoria tramitó su baja laboral para acceder al beneficio jubilatorio. Pese a ello, por un error en el área de liquidaciones, la Provincia siguió depositando mensualmente los salarios hasta diciembre de 2022, momento en que se detectó la irregularidad.

Tras ese hallazgo, el Gobierno provincial promovió una demanda para recuperar lo abonado sin respaldo legal. En primera instancia, el juez Walter Otiñano dio lugar al planteo y ordenó la devolución bajo el criterio de "enriquecimiento sin causa".

La defensa apeló y sostuvo que se trató de un error exclusivo de la administración pública. También planteó que la jubilada actuó de buena fe, al entender que los depósitos respondían a un reclamo por recategorización o a beneficios vinculados con la Reparación Histórica. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Civil confirmó por unanimidad la sentencia.

Los magistrados entendieron que, aun cuando el origen de los pagos haya sido un error estatal, ello no libera la obligación de devolver fondos percibidos sin causa legal. En su resolución, remarcaron que la buena fe no alcanza para conservar un beneficio económico recibido de manera indebida durante un período prolongado.

El caso también incluyó gestiones para cerrar el conflicto fuera de tribunales. En una instancia de negociación, la demandada aceptó una liquidación cercana a los 7 millones de pesos para pagar en 48 cuotas, pero luego desistió tras cambiar de abogado. Más tarde propuso un esquema menor, aunque las conversaciones se frustraron por la falta de garantías exigidas por el Estado.

La situación procesal se agravó porque la demandada no contestó la demanda en término, lo que le impidió ofrecer pruebas y cuestionar técnicamente los montos reclamados. Con el fallo de la Cámara Civil, la condena quedó firme y la exagente deberá reintegrar los fondos cobrados tras dejar la administración pública.