Sectores movilizados abren la puerta a conversaciones con el Gobierno boliviano

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz plantearon por primera vez la posibilidad de negociar con el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira luego de más de un mes de protestas. Hasta ahora, ambas organizaciones encabezaban los bloqueos de rutas y reclamaban la renuncia presidencial.

El giro se produjo tras 36 días consecutivos de cortes en distintos puntos del país, con impacto en al menos seis de los nueve departamentos bolivianos. Las medidas provocaron desabastecimiento, dificultades en el transporte y pérdidas económicas de magnitud.

El dirigente campesino David Mamani señaló que la propuesta será consultada con las bases para definir si avanzan hacia una mesa de negociación o si mantienen las medidas de presión. "Las organizaciones sociales sentimos el desgaste y el cansancio", afirmó. También condicionó cualquier acercamiento a la elaboración de una agenda nacional que evite "errores institucionales, jurídicos y políticos".

Por su parte, el secretario de la COB, Claudio Choque, respaldó la apertura de conversaciones y pidió un diálogo "sincero". Además, exigió que el Gobierno contemple las resoluciones aprobadas en cabildos sociales y reclamó el cierre de los procesos judiciales contra manifestantes detenidos durante las protestas.

La Paz, sede del Gobierno nacional, fue el principal foco del conflicto. Los accesos registraron interrupciones reiteradas y la situación afectó la vida cotidiana con desabastecimiento de alimentos, aumento de precios y dificultades en el transporte por falta de combustible.

La crisis también derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Los incidentes dejaron heridos, daños en edificios públicos y ataques contra civiles. En paralelo, los bloqueos generaron un fuerte impacto económico: distintas estimaciones ubicaron las pérdidas entre USD 1.600 millones y USD 2.000 millones.

Los sectores más afectados fueron el transporte, la industria y el comercio, mientras que las restricciones sobre las principales rutas complicaron la circulación de mercaderías y profundizaron los problemas de abastecimiento. El gobernador de La Paz, Luis Revilla, sostuvo que la situación podría comenzar a normalizarse en los próximos días incluso sin un acuerdo inmediato entre las partes.

Hasta el momento, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira no respondió públicamente a la propuesta de agenda impulsada por las organizaciones sociales. No obstante, el Ejecutivo señaló en otras ocasiones su disposición a dialogar con sectores que presenten reclamos considerados "legítimos", aunque rechazó negociar con grupos que promueven la renuncia presidencial.

En paralelo, la administración nacional impulsó un proyecto de ley para regular los estados de excepción. La iniciativa busca otorgar herramientas legales para una eventual intervención militar orientada al restablecimiento del orden. La decisión final quedará en manos de las bases sindicales y campesinas, que deberán definir si continúan los bloqueos o si se abre una mesa de conversaciones con el Gobierno.