Juzgarán a una abuela y a su pareja por intentar vender a un niño de 3 años en Salta

En los próximos días comenzará en el Valle de Uco el juicio contra una pareja acusada de llevarse a un niño de 3 años desde su casa en Tunuyán, con la intención de venderlo en Salta. La principal imputada es la abuela del menor, quien fue separada de los brazos de su madre en junio del año pasado y luego rescatada por la policía cuando los acusados intentaban huir.

La definición del debate se resolvió en una audiencia preliminar celebrada el lunes ante la jueza Mónica Romero. Según una fuente de la Fiscalía de Tunuyán, "El debate se realizará a la brevedad". Los acusados son la salteña J. V., de 37 años, y su novio E. M., de 28, ambos imputados por sustracción de menores, figura que prevé penas de 5 a 15 años de prisión.

El caso se conoció el 1 de junio de 2025, cuando una adolescente del barrio La Tablada llamó al 911 para denunciar que planeaban llevarse a su hijo de 3 años, sin autorización, a la provincia de Salta. El operativo fue realizado por efectivos policiales que llegaron en tres móviles de Cuerpos Especiales y detectaron en el callejón Belgrano a un hombre que caminaba con el menor, acompañado por una mujer y un adolescente, en dirección a la Ruta 40.

Al ser consultado por la presencia en el lugar, el hombre respondió que trasladaba al niño porque la madre no podía cuidarlo y se lo había entregado a su abuela, ya que la joven estaba enferma. En paralelo, otra movilidad policial fue a la vivienda de la madre y encontró a la joven, de 19 años, llorando. Tres personas que estaban en la casa afirmaron que se habían llevado al chico y que el objetivo era venderlo en Salta por $14.000.000, de los cuales ya se habría pagado el 50%.

Las tres personas quedaron a disposición del fiscal Fossaroli, quien dispuso de inmediato el secreto de sumario, sin descartar en un primer momento un posible caso de trata de personas. La causa tuvo también repercusión en medios salteños; El Tribuno de Salta informó que "se abrió una línea de investigación en Salta para determinar si existe una red de posibles compradores o intermediarios detrás del traslado. Las autoridades salteñas, alertadas por la Justicia mendocina, ya trabajan en colaboración para esclarecer el caso".