El Jury apartó a los tres fiscales que intervinieron en la causa Dalmasso

En una decisión unánime y sin antecedentes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial dispuso este miércoles por la noche, en la Legislatura de Córdoba, la destitución de Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro. El tribunal los consideró responsables de negligencia grave y mal desempeño en distintas etapas de la investigación por el asesinato de Nora Dalmasso.

La resolución, leída por la presidenta del cuerpo, la doctora Julieta Rinaldi, estableció además que Di Santo y Miralles, con funciones en Río Cuarto, y Pizarro, que se desempeñaba en Río Tercero, quedaron inhabilitados de manera absoluta para ejercer cargos públicos en la Justicia provincial. El jury sostuvo que las conductas analizadas encuadraron en las causales previstas por el artículo 154 de la Constitución Provincial.

Antes del veredicto, el tribunal rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas. Entre ellos, se desestimó una impugnación de Miralles vinculada a una prueba de mapeo genético y un pedido de falta de acción por cosa juzgada formulado por Di Santo. Con esas decisiones, el cuerpo ratificó la validez del proceso de acusación que derivó en la remoción de los tres funcionarios.

El enjuiciamiento comenzó el 21 de abril y avanzó con la recepción de testimonios, los alegatos y las últimas palabras de los acusados. Integraron el jurado los legisladores Walter Gispert, Miguel Nicolás y Facundo Torres, junto con la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti. Tras la votación final, el organismo notificó lo resuelto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Magistratura.

Los defensores dejaron planteada la reserva del caso federal y la lectura completa de los fundamentos fue fijada para el 20 de mayo de 2026, a las 9. En paralelo, la fiscal General Adjunta Betina Croppi había pedido la destitución durante la jornada de alegatos, al sostener que existió mal desempeño y negligencia grave en la investigación. La abogada Mariángeles Mussolini, representante de Facundo Macarrón, confirmó esa postura ante la Legislatura provincial.

Croppi señaló que Di Santo tuvo al autor del homicidio "ante sus ojos" y cuestionó la actuación frente a la declaración del parquetista Roberto Bárzola. También criticó que Miralles desestimara informes sobre el abuso sexual con acceso carnal y sostuvo que la acusación impulsada por Pizarro no contaba con sustento suficiente. En 2024, tras 18 años de investigación, se informó que el ADN hallado en el cinturón de la bata de Dalmasso y en la zona íntima pertenecía a Bárzola, quien trabajaba en la casa al momento del crimen y se encuentra en libertad.