Legisladores de La Libertad Avanza llevaron a la Justicia a Marcela Pagano
Un grupo de diputados del oficialismo libertario presentó una denuncia penal contra Marcela Pagano por presuntas irregularidades patrimoniales y administrativas. La presentación quedó radicada en el fuero Criminal y Correccional Federal.
Diputados nacionales de La Libertad Avanza formularon una denuncia penal contra su par Marcela Pagano, a quien atribuyen presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta, entre otras figuras vinculadas a la administración pública.
La presentación fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, al que los denunciantes consideran competente para investigar hechos eventualmente cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones. El escrito lleva la firma de más de una decena de legisladores del bloque libertario, entre ellos María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, Andrea Fernanda Vera, Valentina Loana Ravera, Miguel Rodríguez, Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez.
Según consta en la denuncia, los hechos investigados habrían tenido lugar desde el 10 de diciembre de 2023, fecha en la que Pagano asumió su banca en la Cámara de Diputados. El planteo se centra en la evolución de su situación patrimonial durante el desempeño de la función pública y en la presunta falta de correspondencia entre los bienes declarados y esa evolución.
En ese marco, los denunciantes incorporaron la figura de enriquecimiento ilícito, además de omisión maliciosa y administración fraudulenta, con el objetivo de ampliar el alcance de la eventual investigación sobre posibles maniobras que habrían afectado recursos del Estado. La acción judicial cuenta con el patrocinio letrado de Hernán Emilio Seivane, quien intervino en representación de los legisladores denunciantes.
En el escrito también se fijó domicilio procesal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se solicitó que la causa sea investigada bajo la órbita federal. De acuerdo con el planteo presentado ante la Justicia, el objetivo es que se determinen eventuales responsabilidades penales y se esclarezca si existieron conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública.
