Castro apunta a una "maniobra política" tras el avance de su causa

El intendente de Angaco, José Castro, salió a responder públicamente en medio de la reactivación de su situación judicial, luego de que el fiscal general Guillermo Baigorri solicitara la intervención de la Corte Suprema de Justicia de San Juan para que se requieran explicaciones sobre el estado de diversas causas que, según denunció, permanecen demoradas en la Cámara Penal de San Juan.

Entre esos expedientes figura una causa iniciada en 2019 que tiene como principal involucrado al jefe comunal, junto a tres concejales, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y amenazas. El caso volvió a cobrar relevancia tras los cuestionamientos por su demora, ya que podría extenderse hasta 2027, lo que generó críticas en el ámbito judicial y político.

En diálogo con Telesol, Castro sostuvo que el manejo de la causa está en manos de su defensa legal y volvió a insistir en que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. "Todo lo que es estrictamente jurídico lo estamos administrando a través de nuestro abogado defensor, como corresponde. Ya hemos dicho en distintas oportunidades que esta es una cuestión netamente política", afirmó.

El intendente remarcó que confía en poder demostrar en los tribunales la falta de sustento de las acusaciones. "Vamos a demostrar en la Justicia, que es donde corresponde, que esto no condice con la verdad", aseguró, y adelantó que impulsará acciones legales en caso de ser necesario: "Después vamos a realizar las denuncias que correspondan en el marco que sea necesario".

Consultado sobre el origen de la denuncia, Castro evitó señalar directamente a sectores políticos actuales, aunque vinculó el inicio del expediente a un conflicto interno ocurrido años atrás. Recordó que en 2019 la presentación judicial fue realizada por una persona que había sido apartada de su cargo dentro del municipio por presuntas irregularidades.

En ese sentido, hizo referencia al exconcejal José Risueño, quien durante el período 2018-2019 mantuvo un fuerte enfrentamiento político con su gestión. Según el intendente, ese dirigente promovió múltiples denuncias penales y procesos de destitución en su contra. "En aquel momento un concejal nos hizo unas 18 denuncias penales e inició dos procesos de destitución", recordó.

Castro también defendió su gestión al señalar que durante esos años impulsó acciones judiciales contra funcionarios involucrados en hechos de corrupción dentro del municipio. "Entre 2017 y 2019 llevamos a la Justicia, con sentencia firme, a quienes robaban recursos económicos del municipio", afirmó, y agregó que en ese contexto se realizaron cambios administrativos profundos.

Respecto de la continuidad laboral de personas vinculadas a esos conflictos, confirmó que uno de los involucrados sigue formando parte de la planta permanente municipal, tras haber finalizado su mandato como concejal en 2019.

El jefe comunal insistió en que actuó siempre dentro del marco legal y reiteró su confianza en el sistema judicial. "Estamos ajustados a derecho, respetamos la Justicia y confiamos plenamente en ella", sostuvo.

Al mismo tiempo, cuestionó recientes intervenciones del Ministerio Público, al señalar que algunas denuncias impulsadas por fiscales carecen, a su entender, de fundamento. "Hay presentaciones que todavía no entendemos el asidero, pero las vamos a responder como corresponde, con altura y seguridad jurídica", expresó.

Mientras tanto, el planteo del fiscal general Baigorri reavivó el debate sobre los tiempos de la Justicia en la provincia, al advertir sobre causas sensibles que permanecen sin resolución durante años. En este escenario, la situación judicial del intendente de Angaco vuelve a quedar en el centro de la escena, en una disputa que combina elementos legales y políticos y que, por ahora, sigue abierta.