Denuncias por corrupción "cajoneadas": buscan que la Corte actúe
El Ministerio Público Fiscal reclama saber por qué hay expedientes sin movimiento, algunos desde 2019.
La Justicia provincial podría dar un giro en el tratamiento de causas por presunta corrupción que llevan años sin avances. El fiscal general Guillermo Baigorri, solicitó la intervención de la Corte Suprema local para que requiera explicaciones a la Cámara Penal sobre el estado de diversas denuncias que, según planteó, permanecen "cajoneadas".
El pedido apunta a que el máximo tribunal se involucre y actúe como mediador ante la Cámara Penal de Juicios, con el objetivo de conocer por qué algunas investigaciones no registran movimientos desde hace años. Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que es necesario dar claridad a estos expedientes, tanto para avanzar con eventuales responsabilidades como para garantizar que quienes no tengan culpa puedan demostrar su inocencia.
Como ejemplo de esta situación, se mencionaron dos casos puntuales. Uno de ellos data de 2019 y tiene como protagonista al intendente de Angaco, José Castro, junto a tres concejales, en una causa por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y amenazas. Según se cuestionó, el expediente podría extenderse hasta 2027, lo que generó críticas por la demora judicial.
El segundo caso corresponde a una denuncia más reciente, presentada en febrero de 2026 contra el intendente de Jáchal, Matías Espejo. En este caso, la investigación incluye acusaciones por administración fraudulenta, malversación de fondos, peculado, falsedad ideológica y encubrimiento. La presentación fue impulsada por concejales y está vinculada, entre otros puntos, a contrataciones realizadas durante la Fiesta de la Tradición, donde se habría detectado la participación de una empresa de seguridad sin la documentación correspondiente.
Ambas causas forman parte de un conjunto más amplio de denuncias que el fiscal busca poner bajo revisión. En ese marco, también se impulsan reuniones con distintos actores judiciales con el objetivo de fortalecer la confianza pública en el sistema.
El planteo se da en un contexto donde el Gobierno y sectores de la Justicia coinciden en la necesidad de transparentar el estado de los expedientes. "Los que sean inocentes deben poder demostrarlo y los que no, responder ante la ley", es el criterio que guía el pedido de informes elevado a la Corte.
Ahora, la definición queda en manos del máximo tribunal, que deberá evaluar si interviene para destrabar causas que llevan años sin resolución y que vuelven a poner en discusión los tiempos de la Justicia frente a denuncias de corrupción.
