El empleado judicial antiminero que incumple con sus obligaciones

Varias organizaciones ambientalistas, el viernes pasado organizaron una serie de exposiciones en contra de la modificación de la Ley de Glaciares y cuestionando duramente a la minería metalífera. Esto ocurrió en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan y contó con la participación de legisladores nacionales de izquierda – de los cuales ninguno ha presentado hasta el momento un proyecto de ley que sustente su posición contraria a la minería extractiva- y solo han hecho reclamos sin aportes a través de resoluciones y proyectos de declaración. También estuvieron algunos representantes de entidades ambientalistas internacionales y especialistas en glaciares de la provincia de San Juan. También contó con la participación de referentes de las entidades o asambleas ambientalistas de la provincia. 

Pero la participación que más llamó la atención fue la de Fernando Velert, un empleado judicial que trabaja en el juzgado de Paz de Barreal.

El hombre, que vive en el distrito calingastino, hizo su exposición en nombre de la Asamblea del Agua por Calingasta, una agrupación que viene cuestionando la actividad de la minería, utilizando docmas e información "técnica de difícil comprobación". 

La realidad es que este expositor, Fernando Velert, trabaja en el juzgado de Paz de Barreal, que tiene competencia directa con temas mineros. 

De acuerdo a lo que se supo, este activista, dentro de las limitaciones que tiene en su puesto en la justicia no podría hacer este tipo de militancia, entendiendo que de manera indirecta podría torcer de algún modo la voluntad del juez que entiende en temas mineros en un eventual litigio relacionado con el agua. 

La ley Orgánica de Tribunales – 2352-O . En el artículo 14, en el inciso 4 que además de las prohibiciones "los funcionarios judiciales deben abstenerse de realizar actos que comprometan la imparcialidad e independencia de sus funciones". 

En la misma ley, en el artículo 12, en el párrafo segundo afirma que "A los fines que no se vea afectado el cumplimiento de las obligaciones inherentes como personal del Poder Judicial, y garantizar la autonomía, independencia y decoro, debe solicitarse autorización para ejercer actividad no comprendida en sus funciones judiciales".

Zonda Diario consultó a fuentes judiciales del Juzgado de Paz de Barreal donde informaron que Velert, es empleado de dicha entidad y que desempeña sus funciones normalmente, por lo que no tendría ningún tipo de licencia que le permita hacer "algún tipo de militancia", en este caso ambiental.

De todos modos, dudaron sobre la posibilidad de que "este funcionario haya pedido algún tipo de autorización para hacer estas actividades de proselitismo ambiental". Lo que lo pondría en serios aprietos por no cumplir con las normas que le indican "cuál debería ser su comportamiento en la vida civil siendo personal de la justicia".  

De acuerdo a lo que expresaron fuentes consultadas del departamento, Velert, además de su cargo en la justicia, está relacionado con la actividad de la pesca deportiva, por la que llevaría a grupos de pescadores a los ríos andinos a realizar sus actividades. Esta actividad sería la que lo llevaría a tener un comportamiento negativo hacia la minería metalífera, dado que el movimiento en la cordillera es mayor y "atentaría con la paz y tranquilidad que se requiere para la actividad deportiva mencionada". 

La realidad es que todos los sanjuaninos están atentos al cuidado del medio ambiente y a exigir todos los controles que se tengan que hacer. Sin embargo, ante este tipo de dirigentes que no cumplirían con las propias normas que les exige su desempeño laboral ¿se puede confiar? ¿Una persona que exige el cumplimiento de derechos y obligaciones que no cumple con las suyas puede ser una fuente válida a la hora de peticionar?