Fiscalía investiga en profundidad la obra del Acueducto Gran Tulum sin descartar nuevas medidas
Los fiscales confirmaron que la causa por posibles irregularidades en el Acueducto Gran Tulum continúa en etapa preliminar. Tras una inspección en el terreno, aclaran que aún no hay imputados y analizan la documentación relacionada a toda la obra.
La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sigue en una etapa inicial y sin imputados, según confirmaron los fiscales encargados del caso. Recientemente se efectuó una inspección ocular en varios puntos del proyecto para avanzar en la recolección de pruebas.
El fiscal Francisco Pizarro detalló que el 10 de marzo se inició el recorrido desde la represa, punto de inicio del acueducto, visitando diversos sectores de la obra con personal especializado incluido de la brigada de delitos especiales, criminalística, división científica, OSSE, la División Rural que aportó drones y la empresa que integra la UTE responsable de la construcción.
Este procedimiento forma parte de las medidas investigativas para confrontar la documentación solicitada a OSSE y al Gobierno provincial con la realidad física de la obra. Por el momento, los fiscales aclararon que no existe nadie imputado ni sospechado en particular, apuntando a una investigación generalizada sin aún definir si hubo delito.
El fiscal Sebastián Gómez recordó que la causa se originó a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, basada en notas periodísticas que sugerían irregularidades, sin señalar hechos o personas específicas. Por ello, se examinan todos los aspectos del proyecto, desde la ejecución hasta los materiales y las empresas involucradas.
Durante la inspección, se observó que algunas cañerías ya están enterradas mientras que en otras zonas todavía permanecen las zanjas sin instalar. Sobre posibles peritajes para verificar la calidad de los materiales, los fiscales señalaron que podrían efectuarse si es necesario, aunque por ahora continúan con la recopilación de información.
El proceso investigativo tiene un plazo inicial de 90 días que puede extenderse hasta 180 días. Tras evaluar las pruebas reunidas, se decidirá si se formalizan imputaciones o se desestima la denuncia, sin focalizarse en ningún empresario en particular sino en todos los vinculados a la obra.
