Los Azules presentó su oposición fundada a la resolución del ENRE a favor de Vicuña
La empresa minera cuestionó la Resolución 79/2026 por considerar que otorga una ventaja desproporcionada a Vicuña Argentina en el uso de la línea Nueva San Juan–Rodeo. La medida del ENRE contradice principios de equidad, afecta a otros proyectos mineros y entra en tensión con los objetivos del régimen RIGI. Sostienen que se extralimitó en la interpretación de la norma
Tal como lo adelantó Zonda Diario el 4 de marzo, uno de los actores que reaccionaría frente al otorgamiento de prioridad en el uso de la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo serían los operadores del Proyecto Los Azules. La preocupación radica en que la resolución del ENRE entra en colisión con normativa nacional recientemente sancionada por el propio Gobierno, como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
De acuerdo con estimaciones del sector minero basadas en la Resolución ENRE 79/2026, y según cálculos de CAMMESA citados en el expediente, la capacidad remanente de la línea sería del 71% de 854 MVA, lo que equivale aproximadamente a 606,34 MVA. Al conceder el 90% de ese margen, el ENRE garantizaría a Vicuña Argentina una prioridad de uso cercana a 545,71 MVA.
La presentación de oposición por parte de Los Azules fue casi inmediata a la del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) diera a conocer su propio planteo contra la normativa. El organismo provincial formalizó su presentación el 5 de marzo.
Desde el proyecto Los Azules consideran que hubo una extralimitación en la interpretación de la normativa. Si bien el documento presentado por la empresa ante el ENRE no se hizo público, su reacción también refleja las preocupaciones que comparten otros emprendimientos mineros en Calingasta, como El Pachón o Altar, además de los planteos políticos y comunitarios expresados por los intendentes Matías Espejo y Sebastián Carbajal.
Según trascendió, el documento presentado por los Azules sostiene que la prioridad de uso de la línea de 500 kV debería aplicarse únicamente a las ampliaciones de infraestructura que eventualmente financie Vicuña, y no a una red ya existente que fue construida y pagada previamente por distintos aportantes, entre ellos usuarios sanjuaninos. En ese marco, cuestionan la falta de claridad en la resolución y consideran que el conflicto debió resolverse rápidamente aplicando criterios de equidad en el acceso a la infraestructura energética.
El planteo adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Los Azules, con una inversión estimada en 2.672 millones de dólares, ya fue aprobado dentro del RIGI. El proyecto prevé una demanda eléctrica de 184,8 MW para el verano de 2031/2032 y considera al corredor energético Nueva San Juan–Rodeo como un eje imprescindible para su viabilidad operativa.
Bajo el principio jurídico de "unidad del Estado", desde el sector sostienen que resulta difícil sostener que el Ministerio de Economía apruebe metas de inversión mediante el RIGI mientras, en paralelo, el ENRE dicta resoluciones que podrían obstaculizar su cumplimiento al restringir el acceso a la infraestructura energética necesaria.
Más allá del reclamo puntual de la empresa, el debate revela un problema de fondo. Con la sanción de la Ley Bases, el Gobierno nacional aseguró que el objetivo era recuperar la seguridad jurídica para las inversiones, un principio históricamente asociado a la Ley de Inversiones Mineras. Sin embargo, la decisión de un ente autárquico que depende de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, vuelve a poner en discusión la fragilidad institucional y regulatoria del país.
La pregunta que queda flotando en el ambiente es inevitable: ¿una resolución de este impacto se tomó sin conocimiento del propio Ministerio de Economía?
