Un grupo de padres analiza demandar a los gremios docentes por los paros

Un grupo de padres de alumnos analiza presentar un recurso judicialcontra los paros docentes que afectan el dictado de clases en San Juan. La iniciativa es evaluada por el abogado César Jofré, quien confirmó a Zonda Diario que se encuentra estudiando la viabilidad legal del planteo y que en los próximos días definirá si la acción judicial puede prosperar.

Según explicó el letrado, el contacto con las familias se produjo en los últimos días y a partir de allí comenzó el análisis jurídico del caso. "Estamos estudiándolo, sí, estamos estudiándolo. Vinieron unos padres a hacerme un planteo. Yo estoy viendo los aspectos jurídicos y en un par de días voy a tener la cuestión de si para mí prospera o no prospera", señaló.

De acuerdo con lo expresado por Jofré, el planteo se basa principalmente en el derecho de los niños a recibir educación y en el impacto que los paros generan en la continuidad del calendario escolar. En ese sentido, indicó que la reciente reforma laboral podría abrir una puerta legal para avanzar con la presentación.

"Entiendo que puede llegar a prosperar porque hoy la educación, conforme a la última reforma laboral que se aprobó hace aproximadamente una semana, es considerada una actividad esencial, al igual que la salud o la seguridad", sostuvo.

El abogado explicó que la consulta de los padres se produjo el jueves pasado, y que desde el viernes el estudio jurídico comenzó a analizar la situación. "El jueves me hablaron y el viernes puse a la gente del estudio a que lo mire. En dos o tres días más o menos ya lo voy a definir y, si corresponde, lo planteo", afirmó.

El derecho a aprender

En relación con los fundamentos del eventual recurso, Jofré señaló que uno de los ejes centrales será el derecho de los estudiantes a recibir clases y a no ver interrumpido su proceso educativo.

"El argumento principal es el derecho que tienen los niños a aprender. También la desigualdad que se genera entre las escuelas públicas y las privadas, porque estamos en una desigualdad total", expresó.

Según explicó, los paros afectan especialmente a los alumnos del sistema público, ya que en muchos casos las instituciones privadas logran sostener mayor continuidad en las clases. Para el abogado, esta situación profundiza las diferencias educativas.

No obstante, aclaró que el planteo no busca cuestionar el derecho de los docentes a protestar, sino el modo en que se llevan adelante las medidas de fuerza.

"El derecho que tienen los docentes a protestar existe, pero sin vulnerar los derechos de los demás. El planteo no es contra los maestros, es contra los gremios. Los maestros tienen su derecho; la discusión es con las organizaciones sindicales", explicó.

Alternativas a los paros

En ese marco, Jofré consideró que existen otras formas de protesta que podrían permitir visibilizar reclamos sin afectar la asistencia de los estudiantes a las escuelas.

"Yo planteo: ¿qué necesidad hay de suspender las clases? Pueden hacer un quite de colaboración, no tomar exámenes por uno o dos días, o dar clases de otra forma. Con eso también protestan", señaló.

Para el abogado, la suspensión total de la actividad escolar genera múltiples dificultades para las familias, especialmente en contextos de crisis económica.

"El hecho de que los niños no vayan a la escuela genera un problema en las casas. ¿Quién cuida a los chicos cuando no tienen clases? Hay padres que no pueden ir a trabajar porque los niños se quedan en la casa", explicó.

Impacto social

Jofré también destacó que para muchos alumnos la escuela cumple un rol social clave, más allá del aprendizaje.

"Hay niños que van a la escuela a comer. Entonces esos chicos se quedan sin comer cuando no hay clases. Es un tema muy delicado", advirtió.

Además, remarcó que la situación se agrava en el caso de estudiantes con dificultades de aprendizaje o con discapacidad, quienes necesitan continuidad pedagógica.

"Los chicos que tienen problemas de aprendizaje o los que tienen discapacidad sufren mucho más la pérdida de un día de clase", señaló.

El abogado recordó que el calendario escolar prevé alrededor de 183 días de clases, por lo que la acumulación de jornadas sin actividad termina generando retrasos en el proceso educativo.

"Después esos chicos tienen que ir a clases de apoyo. Y aunque hoy el transporte no sea un problema porque es gratuito, siguen existiendo otros costos: el tiempo, el trabajo de los padres o de quien tenga que cuidar al niño", explicó.

Contexto económico y político

Durante la entrevista, Jofré también hizo referencia al contexto económico y político en el que se desarrollan los conflictos gremiales.

"El derecho va evolucionando con el tiempo. Hoy también hay que tener sensibilidad porque estamos viviendo una crisis que puede ser global", sostuvo.

En ese sentido, mencionó que situaciones internacionales pueden tener impacto en la economía local y, por lo tanto, en los conflictos laborales y sociales.

Finalmente, el abogado señaló que también observa una dimensión política en algunas medidas sindicales. Como ejemplo, mencionó que ciertos dirigentes gremiales no habrían realizado protestas durante gestiones anteriores.

"El último paro, por ejemplo, se hizo mientras estaban en plena negociación paritaria. Y también está el tema de las posiciones políticas de algunos gremialistas", afirmó.

Por el momento, Jofré continuará evaluando los aspectos legales del planteo y en los próximos días definirá si efectivamente se presenta un recurso ante la Justicia. Mientras tanto, el debate sobre los límites del derecho a huelga en el ámbito educativo vuelve a instalarse en la agenda pública.