El Senado convierte en ley la baja de la edad de imputabilidad a 14 años
El Senado aprobó con 44 votos a favor la reforma del Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La ley espera ahora su reglamentación para entrar en vigor, tras generar un debate político intenso.
El Senado aprobó la reforma del Régimen Penal Juvenil, estableciendo la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, avalada con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, había recibido media sanción en Diputados y ahora aguarda su reglamentación y publicación para su entrada en vigencia.
El proyecto, promovido por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, fue celebrado por la exfuncionaria quien afirmó durante el debate que "el Estado no puede seguir sin dar respuestas. No importa la edad, importa el delito". La reforma tiene como objetivo "ordenar y hacer cumplir la ley".
La sesión, presidida por Victoria Villarruel, estuvo marcada por cruces políticos entre oficialismo y oposición. Desde el oficialismo, la norma es vista como una herramienta para responder a delitos cometidos por menores, combinando responsabilidad penal con procesos de reinserción y protección a las víctimas.
Por su parte, el bloque peronista criticó el enfoque punitivo y la insuficiente asignación presupuestaria, estimada en 23.700 millones de pesos para las provincias, cuestionando la capacidad de adecuar infraestructura y crear dispositivos especializados. También se expresaron preocupaciones constitucionales y un posible aumento en la judicialización de menores.
La ley establece un sistema penal juvenil para personas entre 14 y 18 años, con procedimientos en órganos especializados, garantizando derechos y privilegiando que la privación de libertad sea excepcional y proporcional. Se prohíbe que menores compartan espacios con adultos y se asegura su acceso a educación, actividades recreativas y asistencia integral.
El esquema sancionatorio incluye medidas socioeducativas, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de un rol destacado para las víctimas con asistencia jurídica y psicológica, y participación en audiencias e instancias de reparación.
La norma incorpora la figura de un supervisor judicial especializado que monitorea la ejecución de sanciones, contemplando casos de salud mental y consumos problemáticos. El Gobierno nacional destaca esta reforma como clave en materia de seguridad, mientras la oposición adelanta que el debate continuará en ámbitos judiciales y políticos una vez implementada la ley.
