Bajo la lupa de la Constitución: los 9 ejes de la reforma laboral que terminarán en la Justicia

Mientras el Gobierno y sectores empresarios defienden la Ley de Modernización Laboral como clave para reducir costos y fomentar el empleo formal, abogados laboralistas advierten sobre una inminente "ola de litigiosidad". Desde la disolución del fuero nacional del Trabajo y el disciplinamiento de jueces, hasta el pago de indemnizaciones en cuotas, la limitación del derecho a huelga y la creación del fondo de cese FAL, expertos analizan puntos que podrían chocar contra la Constitución Nacional y los convenios de la OIT, generando inseguridad jurídica.

Guillermo Osorio, del estudio Marval, sostiene que la reforma busca simplificar registros, digitalizar procesos, reducir costos de transacción y establecer previsibilidad indemnizatoria para promover un entorno favorable al empleo formal. Sin embargo, para el abogado laboralista Julio E. Lalanne, muchas disposiciones violan la Constitución y convenios internacionales, augurando mayor litigiosidad.

Los nueve aspectos más cuestionados son:

1. Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): permite sustituir indemnizaciones tradicionales por un sistema de cese, lo que podría vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución al eliminar la reparación por despido arbitrario, según Javier Sabin, de EY Argentina.

2. Recorte de la indemnización por antigüedad: define la base de cálculo excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo y vacaciones, lo que podría ir contra principios de progresividad.

3. Pago de indemnizaciones en cuotas para pequeñas y medianas empresas: aunque busca evitar la desaparición de emprendimientos, podría afectar el derecho de propiedad de los trabajadores tras prolongados juicios.

4. Regulación de la huelga: impone un mínimo del 75% de servicios en actividades esenciales y 50% en actividades trascendentales, lo que podría limitar el derecho constitucional a huelga.

5. Eliminación del carácter remunerativo de los stock options para altos ejecutivos, contrariando definiciones de la OIT sobre remuneración.

6. Reconocimiento de trabajadores de plataformas como autónomos pese a evidencias de dependencia, lo cual contradice precedentes internacionales y podría originar demandas.

7. Supresión de juzgados del fuero nacional y cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, con riesgo de vulnerar la inamovilidad de los jueces.

8. Disciplinamiento judicial que obliga a jueces laborales a seguir precedentes de la Corte Suprema, rompiendo la tradición de autonomía en el sistema judicial y generando posibles impugnaciones.

9. Límites a honorarios de abogados y peritos con condena solidaria en casos de sobreestimación del crédito, lo que busca frenar prácticas que aumentan la litigiosidad, pero podría afectar el libre ejercicio profesional.

Estos puntos anticipan que la Ley de Modernización Laboral será objeto de resistencia judicial que impactará su efectividad y aplicabilidad en el futuro inmediato.