Jueces laborales alertan sobre colapso del sistema y perjuicios para trabajadores
Los magistrados de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo expresaron su preocupación por la transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, advirtiendo sobre miles de causas en riesgo y complicaciones para el servicio judicial.
Un grupo de jueces de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo envió una nota formal a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para manifestar su inquietud frente al potencial traslado de competencias a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Los magistrados solicitaron ser incluidos en las discusiones sobre el futuro del fuero y destacaron las dudas técnicas, institucionales y presupuestarias que genera este cambio, tras el fallo Levinas de la Corte Suprema y la media sanción de la Ley de Modernización Laboral.
Según detallaron, la Justicia Nacional del Trabajo recibe aproximadamente 60.000 nuevas causas por año, cerca de 5.700 por mes. La creación de diez juzgados laborales en la Ciudad implicaría que cada uno atienda alrededor de 600 expedientes mensuales, un promedio de treinta diarios. Esta carga, sumada a las ejecuciones de sentencias, podría generar rápidamente un stock de casi 2.500 casos en trámite por juzgado, situación que calificaron como preocupante.
Los jueces también advirtieron que la transferencia implicará la aplicación de nuevas leyes procesales y sistemas distintos, lo que requerirá un período de adaptación y puede generar demoras y conflictos de competencia. Destacaron la vigencia de la ley 18.345, un mecanismo consolidado tras décadas de aplicación.
Respecto al personal, resguardaron la trayectoria de empleados y funcionarios que ingresaron mediante concursos y exámenes, y solicitaron mecanismos para garantizar su continuidad laboral. Subrayaron que la eventual reducción de causas podría afectar la planta de personal.
Además, enfatizaron la importancia histórica y social del fuero laboral, señalando que es una herramienta clave para la paz social y para reparar el tejido social. Finalmente, pidieron que sus inquietudes sean consideradas en las gestiones ante otros poderes del Estado y ofrecieron colaboración para una transición ordenada que proteja empleos y asegure la celeridad del servicio de justicia laboral.
