Narcotest a funcionarios: efectos y duración de drogas en el organismo
El coordinador del Centro por la Vida, Andrés Manini, detalló los impactos y tiempos de detección de distintas sustancias. La implementación del narcotest en Salta genera un fuerte debate sobre su posible adopción en San Juan y la extensión a otros sectores públicos.
La reciente implementación del narcotest para funcionarios públicos en Salta reaviva una discusión profunda sobre los límites éticos y legales cuando quien toma decisiones consume sustancias que alteran el cerebro. ¿Se replicará esta medida en San Juan?
Andrés Manini, coordinador del Centro por la Vida, explicó en el programa Amanecidos de la AM1020 que las drogas psicotrópicas, incluido el alcohol, tienen efectos inmediatos y agudos sobre la funcionalidad cerebral. Señaló que el consumo temprano modifica la neuroplasticidad y dificulta el control posterior del hábito.
En relación a la detección, Manini detalló que sustancias como la marihuana pueden permanecer en orina hasta una semana en consumidores ocasionales y entre 30 y 90 días en usuarios habituales. Drogas como la cocaína, éxtasis y benzodiazepinas también presentan rastros detectables durante varios días, dependiendo del tipo de prueba (orina, sangre, saliva).
La medida adoptada en Salta genera interrogantes clave para San Juan: ¿se aplicará el mismo control para funcionarios provinciales y municipales? ¿Habrá controles sorpresivos? ¿Se extenderá a choferes profesionales, docentes o fuerzas de seguridad? Además, ¿cuál será la postura de sindicatos y cámaras empresarias?
Manini manifestó que los controles sin aviso podrían funcionar como un desincentivo para el consumo, aunque reconoció desafíos legales y de privacidad. También resaltó casos particulares, como el uso frecuente de coqueo en conductores de larga distancia del norte, que podrían arrojar positivos sin implicar sustancias de alto impacto.
Otro punto crucial es el uso de psicofármacos sin indicación médica idónea. Según Manini, debe evaluarse cada caso, ya que el problema surge cuando no existe un control clínico adecuado.
En cuanto al tratamiento, menos del 25% de quienes buscan ayuda sostienen un año de abstinencia, una estadística que coincide con tendencias internacionales y evidencia la necesidad de políticas que combinen restricción, educación, prevención y acceso efectivo a terapias.
El debate abierto por la experiencia salteña interpela a dirigentes, organizaciones sociales y la sociedad en general sobre los límites entre la vida privada y la responsabilidad pública, mientras en San Juan se considera la posibilidad de avanzar hacia controles similares para sus funcionarios y otros trabajadores con impacto en terceros.
