Qué dice la ley sobre la cuota alimentaria y qué pasa si no se paga

La jueza Marianela López, titular del Primer Juzgado de Familia, explicó cómo se determina la cuota alimentaria y las responsabilidades de los progenitores que no conviven con sus hijos, además de las consecuencias legales ante su incumplimiento, en una entrevista con Radio Mil20.

Según la magistrada, tanto el Código Civil y Comercial como el Código Procesal de Familia establecen que ambos padres son responsables del cuidado y manutención de sus hijos, independientemente de la convivencia. La fijación del monto de la cuota alimentaria se basa en factores como las necesidades del niño, su nivel de vida previo, gastos en educación, alimentación, transporte y recreación, y quién asume el cuidado cotidiano.

López destacó que el tiempo y dedicación del progenitor conviviente representan un valor económico que integra la cuota alimentaria. No existe un porcentaje fijo; sin embargo, en casos con empleo formal, el monto ronda entre el 25% y 30% del salario, pudiendo ser mayor según las necesidades.

En situaciones sin salario registrado, la Justicia evalúa elementos como nivel de vida, bienes y actividades laborales para establecer la capacidad económica y fijar un monto acorde, vinculado al salario mínimo o índice de crianza.

Respecto al incumplimiento, la jueza fue enfática: "el incumplimiento existe desde el primer mes sin pago", por lo que el progenitor conviviente debe denunciar para activar medidas judiciales. Las sanciones incluyen registro de deudores morosos, prohibición de renovar la licencia de conducir, restricciones para acceder a espacios recreativos, impedimentos para salir del país o provincia, embargos y arrestos en casos extremos.

Asimismo, recordó que los abuelos pueden ser llamados a responder por obligaciones alimentarias si uno de los padres incumple, protegiendo así el interés superior del niño.

López admitió que los incumplimientos son frecuentes en contextos económicos complejos, especialmente sin relación laboral formal, y advirtió sobre riesgos en acuerdos extrajudiciales no formalizados. Concluyó que existen herramientas legales, pero es vital impulsar la acción judicial y acompañar con pruebas para que la Justicia intervenga eficazmente.