Persiste la crisis en Hunter Security y crece la incertidumbre para 118 trabajadores despedidos
Tras nueva audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, la empresa Hunter Security no mostró avances en el pago de indemnizaciones a 118 empleados despedidos, aumentando la preocupación y manteniendo abierto el conflicto laboral.
El conflicto laboral en Hunter Security, empresa de seguridad privada en San Juan, continúa sin resolverse, afectando a 118 trabajadores despedidos que denuncian no haber cobrado sus indemnizaciones, aunque figuren como pagadas en registros administrativos.
En la última audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria, el gremio Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) informó que la empresa no mostró voluntad para modificar su postura y que sus representantes legales afirmaron no contar con fondos para realizar los pagos reclamados.
Esta situación agravó la incertidumbre y preocupación entre los trabajadores afectados. El sindicato mantuvo el estado de alerta pero evitó medidas de fuerza para respetar la conciliación vigente. La próxima audiencia clave se realizará el martes 10 de febrero, considerada decisiva para el conflicto.
Un punto crítico es que las liquidaciones finales aparecen asentadas como pagadas desde diciembre de 2025, pero los trabajadores aseguran no haber recibido los depósitos ni comprobantes que respalden esos pagos, lo que genera sospechas de irregularidades administrativas.
Además, UPSRA cuestiona el cálculo de las indemnizaciones, señalando que fueron inferiores a lo que establece el convenio. Rechazan la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que consideran que la empresa no acreditó una crisis que lo justifique, y exigen la aplicación del artículo 245 para indemnizaciones plenas.
El gremio advirtió que, de no cumplirse con los pagos en el plazo otorgado, la Subsecretaría de Trabajo podría imponer sanciones económicas. Mientras UPSRA cumple con el proceso, Hunter Security aún no acata lo ordenado por la autoridad laboral.
Según lo expresado en la última audiencia, la empresa se comprometió a regularizar la situación en una semana. De no haber avances, el gremio evaluará medidas gremiales y acciones legales, incluyendo pedidos de embargo.
Más de un centenar de familias continúan en espera de una solución, en un conflicto que expone serias críticas sobre la gestión de despidos y liquidaciones en el sector de la seguridad privada.
