Ministros y secretarios del Gobierno recibirán aumentos salariales de hasta el 86% en febrero
Tras casi dos años de congelamiento, el Gobierno nacional actualizó los salarios de ministros y secretarios para mejorar la retención de profesionales en el Estado, excluyendo al presidente y la vicepresidenta.
Luego de casi dos años con salarios congelados, el Gobierno nacional inició una actualización salarial destinada a ministros, secretarios y otras autoridades superiores del Poder Ejecutivo. La medida busca frenar la pérdida de poder adquisitivo y la fuga de personal calificado hacia el sector privado.
El problema se evidenció en organismos como el Indec, donde el malestar y las salidas de profesionales generaron preocupación. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que los sueldos de la alta función pública estaban desactualizados y ocasionaban dificultades para sostener equipos técnicos.
Según cifras oficiales, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantendrán sus salarios congelados en $4.066.018 y $3.764.821 brutos respectivamente, y quedaron fuera del último ajuste.
En cambio, los ministros verán sus sueldos aumentar desde $3.584.006 hasta un rango de entre $5.800.000 y $6.600.000 brutos, mientras que los secretarios pasarán de $3.282.709 a cifras que oscilan entre $5.300.000 y $6.100.000.
Los incrementos, que oscilarán entre el 62% y casi el 86%, comenzarán a regir desde el 1 de febrero de 2026 y se reflejarán en los haberes de enero, pagados en febrero. La medida fue oficializada mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en diciembre pasado.
El decreto destaca la necesidad de avanzar hacia un sistema público basado en la transparencia, la meritocracia y el desempeño, para conformar un Estado profesional y eficiente. Asimismo, resalta que el ajuste es compatible con la sostenibilidad fiscal en el marco del superávit y orden macroeconómico alcanzados.
Esta actualización salarial forma parte de un proceso más amplio de transformación del Estado, destinado a revertir un modelo desarticulado y con poca capacidad para atraer y retener talento calificado en la administración pública.