San Juan exhibe la polarización en la baja de la edad de imputabilidad en un debate clave

A partir de enero de 2026, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina ingresó en una etapa decisiva. El Gobierno nacional incorporó el proyecto de Ley Penal Juvenil a las sesiones extraordinarias con la meta de sustituir el vigente Régimen Penal de Minoridad (Ley 22.278) que fija la edad en 16 años.

El oficialismo propone una reforma que permita juzgar penalmente a adolescentes por delitos graves bajo un modelo que combine responsabilidad penal con procesos de resocialización. Sin embargo, el debate aún muestra divisiones: se plantean edades que oscilan entre los 14 años —con dictamen aprobado en Diputados en mayo de 2025— y los 12 o 13 años, mencionados por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Los representantes de San Juan reflejan la tensión nacional sin medias tintas. La diputada Nancy Picón defendió la reforma enfatizando que la problemática de los menores debe abordarse más allá del castigo, destacando la situación de niños desprotegidos y resaltando que aún se aguarda la iniciativa del gobierno de Javier Milei.

Por otro lado, el diputado Cristian Andino rechazó la baja de la imputabilidad, argumentando que la modificación legislativa no resolverá la raíz del problema y apeló a la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. También advirtió sobre los compromisos internacionales de Argentina con la Convención sobre los Derechos del Niño.

El bloque La Libertad Avanza en San Juan expresó un apoyo unánime a la reforma. El referente provincial, José Peluc, afirmó que se busca justicia para las víctimas bajo el principio "delitos de adultos, penal de adultos". Además, Abel Chiconi denunció que la legislación actual permite impunidad y planteó una disyuntiva clara entre apoyar a las víctimas o mantener un sistema permisivo.

Diputados del oficialismo provincial alineados con Producción y Trabajo también respaldan el proyecto. Carlos Jaime coincidió en que la ley vigente está obsoleta y no protege adecuadamente a los menores, quienes enfrentan violencia y consumo problemático.

En contraste, el diputado Jorge Coqui Chica criticó al Estado nacional por recortes en programas preventivos, advirtiendo que bajar la edad sin ampliar dispositivos de contención es una respuesta insuficiente y riesgosa.

Además, organismos internacionales como UNICEF y el Observatorio de Derechos Humanos alertan sobre potenciales retrocesos en derechos y posibles incumplimientos de estándares internacionales en la protección de la infancia.