Quedó firme el veto de la intendenta al Presupuesto 2026

El veto total de la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, al Presupuesto 2026 quedó firme, luego de que el Concejo Deliberante no lograra reunir los dos tercios necesarios para insistir con el proyecto que había sido aprobado con modificaciones. En consecuencia, el municipio continuará funcionando con el Presupuesto 2025 durante el próximo ejercicio.

La definición se produjo tras confirmarse la abstención del concejal Luciano Cano, una decisión que resultó clave para impedir que el cuerpo legislativo alcanzara la mayoría calificada requerida para rechazar el veto del Ejecutivo. Con ese escenario, los concejales que impulsaban la reforma presupuestaria no lograron reunir los siete votos necesarios para insistir con el texto modificado.

El presupuesto había sido reformulado por el Concejo Deliberante con cambios sustanciales respecto del proyecto original enviado por la intendenta, lo que motivó el veto total por parte del Ejecutivo municipal. Al no prosperar la insistencia legislativa, el veto quedó ratificado de manera definitiva.

De este modo, la administración municipal continuará operando bajo los lineamientos y partidas correspondientes al Presupuesto 2025, mientras se consolida un nuevo equilibrio institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo local.

En un comunicado a mediados de mes la Intendenta ya había expresado las razones por las que vetó el presupuesto.

COMUNICADO OFICIAL

Queridos vecinos, vecinas, compañeros y compañeras de trabajo y público en general:
Es mi deber como Intendenta del Departamento de Chimbas, comunicarles a ustedes que he tomado la decisión de vetar la Ordenanza Nº2913-CD-2025 "Presupuesto de gastos y recursos 2026", sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, ya que afecta la asignación de recursos que el Ejecutivo tenía previstos para el ejercicio 2026, conforme el proyecto enviado, y produce un grave avasallamiento de las competencias de poderes.
La facultad del Concejo Deliberante en materia presupuestaria es autorizante y de control, no ejecutiva ni gestora. El Concejo puede, según las competencias dadas por la Carta Orgánica Municipal: aprobar el presupuesto, rechazarlo, formular observaciones, pero no puede: diseñar un nuevo presupuesto, reasignar partidas, crear gastos, alterar prioridades ni determinar destinos del gasto, porque ello implica gobernar, no legislar.
Por lo expuesto y de acuerdo a las modificaciones introducidas a la ordenanza sancionada por el Concejo, se advierte inmediatamente que ésta no se corresponde con el proyecto original remitido desde el Departamento Ejecutivo Municipal.
En dicha ordenanza, el Concejo destina cuatro mil millones de pesos para su funcionamiento, un monto altísimo para cualquier órgano legislativo municipal, y que produce un quiebre del orden institucional que afecta la gobernabilidad porque el Concejo, al redefinir las partidas, decidir qué gastos se realizan y cuáles se suprimen, cuántos agentes se pagan, qué contratos se honran, que políticas sociales se ejecutan y qué servicios continúan, pasa de controlar a gobernar, sustituyendo al Poder Ejecutivo en su función esencial.
Una muestra clara del exceso de poder y del abuso de competencias, se da en la decisión unilateral del Concejo de aumentar mi remuneración como intendenta, con el único objetivo de incrementar sus propios haberes. Cabe destacar para conocimiento de todos que, según la Carta Orgánica Municipal, el sueldo de los concejales se fija en función del de la intendenta.
A esto se suma, la asignación de partidas que corresponden originariamente al Poder Ejecutivo, trasladándolas al Poder Legislativo, como por ejemplo: la creación de partidas para la asignación directa de viáticos, subsidios y contrataciones, entre otras. También la generación unilateral de una estructura administrativa paralela a la del Ejecutivo, sin sustento legal, como lo son las direcciones de Eventos, de Recursos Humanos, Compras y Contrataciones e Innovación, Planificación y Participación Ciudadana, entre algunos de los 11 nuevos cargos que intenta crear el Concejo Deliberante en planta política.
Desde el Ejecutivo siempre se buscó la instancia de diálogo, de manera formal e informal, sin obtener resultados. Por esto, queridos chimberos, el veto responde a un mecanismo de defensa del orden constitucional, no es una opinión política, es un deber jurídico, para garantizar el principio republicano de división de poderes y el equilibrio funcional de los servicios que brindamos a nuestra comunidad.

Daniela Rodríguez
Intendenta de Chimbas.