Presupuesto 2026 ignora partidas para discapacidad y universidades pese a gastos legislativos
El Presupuesto Nacional 2026 no incorpora fondos específicos para las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, pese a que el Congreso aumentó el gasto sin modificar las partidas originales enviadas por el Ejecutivo.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, distribuyó recientemente los créditos presupuestarios para el 2026 sin incluir las asignaciones destinadas a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, según revela un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP). Esta omisión no responde a una decisión del funcionario sino a que el Congreso incrementó el gasto pero no actualizó las partidas en el proyecto original del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
El documento de ASAP detalla que el Congreso agregó nuevos gastos equivalentes a un 0,56% del PBI, pero sin asignar partidas específicas. "Este Presupuesto fue sancionado sin modificar las partidas originales presentadas el 15 de septiembre, pese a los cambios legislativos que implican mayores gastos", indica el informe. La organización advierte que el financiamiento de estas políticas podría depender de ajustes presupuestarios durante el año fiscal, buscando mantener un resultado financiero equilibrado o superavitario, según establece el artículo 1º del Presupuesto.
Originalmente, el Capítulo 11 del proyecto del Ejecutivo solicitaba derogar ambas leyes, pero el Congreso eliminó esa disposición. No obstante, el Poder Ejecutivo cuestiona ambas leyes, alegando inconstitucionalidad por establecer gastos sin detallar fuentes de financiamiento, e intentó sin éxito derogarlas. Recientemente, un juez ordenó acatar el mandato legislativo respecto a discapacidad.
En paralelo, el Gobierno planea reducir aportes patronales por un monto equivalente a 0,5% del PBI y el Impuesto a las Ganancias para empresas en 0,33% del PBI dentro de la Reforma Laboral a tratar en febrero. Esto indica la disposición del Ejecutivo para asumir ciertos gastos vinculados a beneficios empresariales, pero no afrontar otros incrementos presupuestarios no previstos.
Respecto a la Administración Pública Nacional (APN), se prevé para 2026 una caída real de ingresos del 12% respecto a 2025, y una reducción del gasto del 4,9%. El informe señala que en 2025 la APN recaudó $134,5 billones, con $73 billones provenientes de ingresos impositivos y $40,8 billones de Seguridad Social. Para 2026, se proyectan ingresos totales de $147,9 billones, un aumento nominal del 10% pero una caída real del 12,7% si se ajusta por una inflación esperada del 10,1%.
Si bien en el Presupuesto se estima un crecimiento del PBI del 5% y una inflación del 10,1%, la realidad apunta a una inflación superior (entre 23% y 26%), que podría elevar la recaudación nominal. Los gastos totales se estiman en $148,1 billones, con un aumento nominal del 20% y descenso real del 4,9%, dejando un equilibrio presupuestario en papel, pero con la necesidad de ajustar recortes en gastos no indexados debido al aumento inflacionario.