Nuevo esquema de subsidios: el Gobierno define exclusiones en tarifas de luz y gas

El Gobierno avanzó con la puesta en marcha del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), un nuevo sistema que reemplaza la segmentación tarifaria vigentes para las ayudas estatales en luz y gas. Este mecanismo dirige la asistencia solo a hogares que cumplan con criterios económicos y patrimoniales estrictamente definidos, conforme a la disposición publicada en el Boletín Oficial el pasado martes.

La clave del esquema radica en un cruce exhaustivo de información entre organismos públicos, que permitirá evaluar la elegibilidad de los solicitantes a través de una declaración jurada digital. Además, la Secretaría de Energía será la autoridad encargada de administrar y controlar estos beneficios.

Entre los factores que excluyen del subsidio se encuentran: poseer un automóvil con antigüedad menor o igual a tres años (excepto para titulares con Certificado Único de Discapacidad), tener tres o más inmuebles registrados a nombre de los miembros del hogar, contar con embarcaciones de lujo o aeronaves, o poseer activos societarios que reflejen una alta capacidad económica.

Quienes estaban inscriptos en el anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no deberán reinscribirse, ya que sus datos se migrarán automáticamente al nuevo sistema, aunque podrán actualizar información si su situación económica o familiar cambia.

El Gobierno sostiene que este régimen busca "identificar con precisión quiénes realmente necesitan la ayuda estatal" y evitar asignaciones indebidas, integrando datos de la ANSES, la Secretaría de Energía y otros organismos.

En cuanto a los usuarios residenciales, el nuevo sistema dejará fuera del subsidio a quienes posean bienes o activos de alto valor, lo que perjudica sobre todo a sectores de ingresos medios, que deberán afrontar tarifas más cercanas al costo real del servicio. La actualización de datos podrá hacer que algunos beneficiarios actuales pierdan automáticamente el subsidio si se detectan inconsistencias o cambios patrimoniales.

Para las pequeñas y medianas empresas, el esquema implica un endurecimiento de los criterios de acceso: las pymes con capacidad económica comprobable, activos relevantes o facturación superior a parámetros establecidos quedarán excluidas del beneficio, aumentando sus costos operativos. Desde el sector productivo advierten que esta subida podría trasladarse a precios o reducir márgenes en un contexto económico aún frágil.