Impulsan la incorporación del ecocidio en el Código Penal tras incendios en Chubut

Tras la contención de los incendios que afectaron al bosque nativo en Chubut, surgió un debate clave en torno al fortalecimiento de las sanciones para quienes provocan daños ambientales intencionales. El gobernador Ignacio Torres fue uno de los primeros en poner el tema en la agenda pública.

En declaraciones radiales, Torres señaló que los responsables de incendios provocados deberían recibir condenas ejemplares y sostuvo que "los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo". Asimismo, mencionó un proyecto que pretende incorporar la figura de "ecocidio" al Código Penal, con un impacto penal directo sobre aquellos involucrados en incendios en ecosistemas vírgenes.

Actualmente rige la Ley Nacional 26.815 de Manejo del Fuego, que establece límites mínimos de protección ambiental ante incendios forestales y rurales. Esta reglamentación prohíbe durante 60 años posteriores a un incendio realizar actividades agropecuarias, subdivisiones, loteos o ventas en terrenos con bosques nativos o implantados, mientras que en zonas de pastizales o matorrales la restricción dura 30 años.

En paralelo, la senadora chubutense Edith Terenzi presentó en 2025 un proyecto de ley enfocado en las Formas Especiales de Criminalidad Ambiental. La propuesta define el ecocidio como un daño irreversible o especialmente grave al ambiente que impida la regeneración natural del ecosistema o cause un deterioro severo del entorno.

El proyecto establece penas de 3 a 10 años de prisión para ecocidio intencional, además de multas equivalentes a 30 salarios mínimos vitales y móviles. En casos de daño irreversible, las sanciones aumentan a entre 5 y 15 años de cárcel y multas de hasta 70 salarios mínimos. También se prevén agravantes si el autor es funcionario público o si la acción provoca una muerte.