La Justicia de Mendoza confirma la validez de los proyectos mineros en Malargüe
Un fallo judicial rechaza un amparo ambiental y ratifica la legalidad de las Declaraciones de Impacto Ambiental para 34 proyectos mineros en Malargüe, permitiendo su desarrollo con supervisión y controles ambientales.
La Justicia de Mendoza brindó un respaldo fundamental para el desarrollo de la minería en el sur provincial al desestimar un amparo presentado por organizaciones ambientalistas y validar la vigencia de la Ley 9.588. Esta norma habilita las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) correspondientes a los primeros 34 proyectos de exploración minera en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).
La resolución, dictada el pasado martes 30 de diciembre por el Tribunal de Gestión Asociada-Tercero bajo la conducción de la jueza María Angélica Gamboa, pone fin a una de las controversias judiciales más importantes en torno a la estrategia minera impulsada por el gobierno de Alfredo Cornejo.
El fallo rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada por la Fundación Cullunche y el abogado Eduardo Sosa, quienes pretendían paralizar de forma global los proyectos que cuentan con la aprobación del Poder Legislativo provincial. La magistrada sostuvo que no existieron irregularidades significativas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ni fundamentos jurídicos que ameriten anular la ley.
Uno de los aspectos clave del fallo fue la falta de especificación del daño denunciado. La jueza destacó que la demanda se dirigió de manera general hacia los 34 proyectos, cuando cada uno posee expedientes y características técnicas particulares. Así, indicó que la discrepancia técnica con las evaluaciones no implica por sí misma una violación legal.
Asimismo, la Justicia remarcó que las autorizaciones concedidas se refieren únicamente a la etapa inicial de exploración, que avanza de forma gradual y bajo constante supervisión estatal. En este sentido, la sentencia resaltó el rol de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), responsable de monitorear y actualizar periódicamente los controles ambientales, asegurando un seguimiento progresivo y continuo.
Este fallo despeja uno de los principales obstáculos legales que afectaban al desarrollo minero en Malargüe. Mientras las organizaciones ambientalistas analizan posibles apelaciones en instancias superiores, el Gobierno provincial obtiene un respaldo institucional decisivo para proseguir con un modelo de exploración controlada, que podría significar el inicio de una nueva etapa para la explotación de cobre en el sur mendocino desde el año 2026.
