Entre Ríos enfrenta una crisis hídrica silente con agua contaminada en múltiples localidades

En Entre Ríos, abundan los ríos pero escasea el agua potable segura. Miles de habitantes consumen agua contaminada con arsénico, agrotóxicos y efluentes cloacales sin tratamiento, una realidad que el gobierno de Rogelio Frigerio ha optado por ignorar, pese a múltiples denuncias y evidencias científicas recopiladas desde 2008.

Un estudio del Instituto Tecnológico de Buenos Aires detectó niveles peligrosos de arsénico en localidades como Gualeguaychú, Urdinarrain y Cuatro Bocas. En el departamento Paraná, sectores como María Grande y Hasenkamp presentan concentraciones que superan o están al límite de la norma provincial, la cual está desactualizada ante los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud.

El Foro Ecologista de Paraná alertó sobre la preocupación por la calidad del agua, principalmente por la presencia sincronizada de arsénico y plaguicidas como el glifosato, cuyos efectos combinados pueden ser altamente tóxicos. Sin embargo, los análisis oficiales son escasos y en muchos casos el silencio administrativo obliga a los vecinos a financiar sus propios controles, revelando resultados alarmantes.

En Crespo, un fallo judicial emblemático ordenó suspender el riego de calles con agua contaminada, debido a la constante contaminación de arroyos por desechos cloacales. La Justicia exigió la realización de un peritaje sanitario y la implementación de monitoreo ambiental, evidenciando las limitaciones presupuestarias que retienen soluciones efectivas.

La contaminación también persiste en Pueblo General Belgrano, con denuncias que llevan más de una década sin resolverse y que involucran vertidos irregulares al río Gualeguaychú y al río Uruguay. Además, investigaciones del CONICET reflejan niveles récord de glifosato en los sedimentos de arroyos, una prueba contundente del impacto dañino del modelo agroindustrial sobre los recursos hídricos.

Casos recientes en La Paz mostraron cómo una catástrofe climática dispersó agroquímicos en el agua potable local, incrementando los riesgos para la población y evidenciando la precariedad del sistema de almacenamiento y gestión de estos productos.

Los riesgos sanitarios asociados a esta crisis son rigurosos y multifacéticos: enfermedades gastrointestinales, cánceres relacionados con la exposición prolongada a arsénico, y alteraciones neurológicas y endocrinas vinculadas a agrotóxicos. Estas condiciones afectan especialmente a poblaciones vulnerables, poniendo en jaque la salud pública provincial.

Mientras el Presupuesto Nacional 2026 destina fondos limitados para agua potable y saneamiento en pocas ciudades, y el presupuesto provincial prioriza mayormente obras viales y no acciones urgentes para la crisis hídrica, la realidad de miles sigue siendo la del acceso a un agua insegura. La ausencia de voluntad política y la falta de normativas actualizadas perpetúan un problema que es urgente abordar.

El silencio oficial contrasta con la voz activa de los vecinos, que se organizan, presentan amparos y exigen respuesta. El fallo judicial de Crespo representa un antecedente fundamental para la defensa del medio ambiente y la salud colectiva, pero se requieren acciones concretas y compromiso gubernamental para revertir esta situación que amenaza la vida misma en Entre Ríos.