El Gobierno aprueba un DNU para reformar la SIDE y le da facultad para aprehender personas
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, la Secretaría de Inteligencia del Estado concentrará el Sistema de Inteligencia Nacional, declara secretas las actividades del sector y podrá aprehender personas en casos de flagrancia o con orden judicial. La iniciativa será analizada por el Congreso.
El Gobierno nacional dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica en profundidad la Ley de Inteligencia Nacional, con un fuerte reordenamiento que centraliza el Sistema de Inteligencia Nacional bajo la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Este decreto, que se publicará el 2 de enero en el Boletín Oficial, redefine funciones, estructuras y atribuciones del sector, generando debates sobre sus puntos más controversiales. Una medida clave es que todas las actividades de inteligencia serán consideradas "encubiertas", con el fin de preservar su naturaleza sensible y minimizar riesgos estratégicos nacionales. Esto limita el acceso público a la información del área.
Desde el oficialismo se plantea que estos cambios buscan mejorar la eficiencia institucional, eliminando competencias consideradas impropias, como la inteligencia interior y la protección de infraestructura digital, e implementando un registro centralizado y automático para el intercambio de información entre organismos estatales.
El DNU otorga a los agentes de inteligencia nuevas facultades operativas para aprehender personas durante situaciones de flagrancia o a partir de órdenes judiciales, debiendo notificar de inmediato a las fuerzas de seguridad. Este punto es uno de los más debatidos en la reforma.
En materia organizativa, la Agencia de Seguridad Nacional será transformada en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, destinada a prevenir amenazas como espionaje, sabotaje e injerencias externas al orden constitucional. Asimismo, se separan las competencias en ciberseguridad y ciberinteligencia, asignándolas respectivamente a la Jefatura de Gabinete y a la Agencia Federal de Ciberinteligencia dependiente de la SIDE.
Se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, concentrando esta función en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, buscándose simplificar la estructura y evitar duplicaciones.
El DNU también fortalece el rol rector de la SIDE, que conducirá el Sistema de Inteligencia Nacional, aprobará y controlará presupuestos y solicitará información a organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, la designación de titulares en organismos desconcentrados quedará en manos del secretario de Inteligencia, salvo para el cargo de Inspector, que seguirá siendo nombrado por el Poder Ejecutivo.
Se crean dos instancias de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que incluirá organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera; y la Comunidad Informativa Nacional, que abarcará áreas clave como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y sectores estratégicos como energía, nuclear y espacio.
El Gobierno sostiene que la reforma pone fin a superposiciones, moderniza el sistema y lo adapta a nuevas amenazas, además de fortalecer controles internos. Sin embargo, el DNU debe ser analizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización del Congreso, en un contexto de debate político y jurídico por el alcance de las nuevas facultades y el uso de un decreto para modificar una ley sensible.
