EEUU declara a Perú en default por impago de US$91 millones a Kuntur Wasi, dejando al país al borde del embargo
Un tribunal estadounidense ordena a Perú pagar una indemnización y habilita embargos sobre activos estatales por la deuda con Kuntur Wasi relacionada con el proyecto del Aeropuerto de Chinchero.
Un tribunal federal de Estados Unidos declaró al Estado peruano en situación de default tras incumplir el pago de 91 millones de dólares, suma que un tribunal internacional ordenó abonar a la empresa Kuntur Wasi por la cancelación unilateral del contrato para construir el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco.
La sentencia, emitida el 22 de diciembre de 2025 por el juez Richard J. Leon y conocida públicamente esta semana, establece que Perú no cumplió el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), además de no responder ni enviar representación legal en el proceso judicial estadounidense.
Ante la ausencia de pago o defensa, el tribunal confirmó que Kuntur Wasi cumplió con los requisitos legales, permitiéndole iniciar embargos y otras acciones sobre activos estatales peruanos en EE.UU. para recuperar la deuda.
El conflicto comenzó en 2017 cuando Perú canceló unilateralmente el contrato de concesión adjudicado en 2014 para diseñar y operar el aeropuerto en Cusco. En mayo de 2024, el Ciadi determinó que la terminación fue arbitraria y ordenó a Perú pagar a Kuntur Wasi la suma que incluye garantía, utilidades, gastos y penalidades, más intereses.
En abril de 2025, ante el incumplimiento, un tribunal estadounidense declaró en rebeldía al Estado peruano, habilitando los embargos. Paralelamente, Kuntur Wasi inició un proceso similar en Canadá para asegurar el cobro.
Actualmente, el proyecto aeroportuario, con una inversión estimada en 730 millones de dólares y capacidad para más de 8 millones de pasajeros anuales, registra un avance del 33% bajo supervisión del gobierno interino y el consorcio encargado, con apoyo técnico de Corea del Sur.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Contraloría General de la República investigan responsabilidades por la cancelación, con demandas civiles en curso que exigen indemnizaciones superiores a 9 millones de dólares.
