Nuevos hallazgos y contratos complican la gestión de Chiqui Tapia en AFA
En allanamientos en la sede de la AFA se encontró un contrato que otorgaría exclusividad para manejar cobros y pagos en el exterior, vinculando a la asociación con una empresa ligada al empresario Javier Faroni. La investigación judicial apunta a presuntas maniobras financieras irregulares.
Durante los allanamientos llevados a cabo este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los investigadores secuestraron un contrato que vincula a la entidad con una empresa relacionada al empresario teatral Javier Faroni. Este contrato otorga la exclusividad para gestionar los cobros y pagos en el exterior a cambio de una comisión del 30%.
El documento fue encontrado en el edificio de la calle Viamonte 1366 y se considera prueba central en una investigación judicial sobre presuntas maniobras financieras irregulares.
Los procedimientos, ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, fueron solicitados por la Fiscalía Federal Nº 2 a cargo de Cecilia Incardona, con la participación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Además de la sede de la AFA, los allanamientos incluyeron el predio de entrenamiento en Ezeiza y el domicilio particular de Javier Faroni en el barrio Yacht de Nordelta.
Según fuentes judiciales, el contrato estableció que la firma TourProdEnter LLC actúa como agente exclusivo para canalizar los ingresos y egresos de la AFA fuera del país. La documentación será analizada para determinar su vigencia, alcance y el circuito financiero asociadas, considerándose el volumen de fondos involucrados y las restricciones cambiarias vigentes durante el período bajo análisis.
La causa forma parte de una investigación más amplia por presunto lavado de activos que incluye la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional. Con la ampliación de la causa, el expediente abarca también a Faroni, su esposa y otras personas que, según el dictamen fiscal, figuran como administradores o beneficiarios formales de las sociedades investigadas, pese a tener perfiles económicos incompatibles con los montos administrados.
Los investigadores sospechan que este esquema podría responder a mecanismos de interposición de prestanombres, punto que aún debe ser corroborado.
