La Justicia ordena al Gobierno cumplir la ley de Financiamiento Universitario

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó la suspensión del decreto del gobierno que había limitado la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La resolución, firmada por el juez Martín Cormick, obliga al Ejecutivo a implementar sin demora los incrementos salariales docentes y en las becas estudiantiles.

El fallo resalta el deber claro del Estado basado en el proceso legislativo que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior aprobación por ambas cámaras del Congreso. Se recordó que para admitir un amparo, deben existir circunstancias excepcionales de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, además de un daño concreto y grave que amerite una vía urgente.

Destacando el carácter excepcional de la medida cautelar, el magistrado señaló que la orden de cumplimiento inmediato de la ley 27.795, relacionada con la actualización del financiamiento universitario, constituye un anticipo de jurisdicción favorable, alterando el estado de derecho previo.

Además, el juez sostuvo que no es admisible suspender la norma luego de la insistencia legislativa establecida en el artículo 83 de la Constitución, y que existe una fuerte posibilidad de que el derecho invocado por los actores sea legítimo, dado que la insistencia impone un deber de actuación positiva para la autoridad pública.

El fallo aclaró que la suspensión basó su justificación en una norma de menor jerarquía, la ley 24.629, que condiciona gastos a la previsión expresa de financiamiento en el presupuesto nacional, pero que no puede prevalecer sobre el mandato constitucional explícito.