El gobierno nacional propone un cambio radical en el sistema tributario
El Gobierno nacional impulsa la Ley de Inocencia Fiscal, que invierte la carga de la prueba en ARCA y eleva umbrales de evasión hasta $1.000 millones, blindando a contribuyentes y fomentando la formalización de dólares "colchón"
El proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal, impulsado por el gobierno nacional, busca invertir la lógica histórica de la ex AFIP al establecer que el contribuyente es inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario. Presentado inicialmente en junio de 2025 y con media sanción en Diputados el 18 de diciembre, el texto avanzó en el Senado y se debate el 26 de diciembre junto al Presupuesto 2026. Esta reforma apunta a blindar a los ahorristas, fomentar la formalización de dólares "colchón" y reducir la persecución fiscal indiscriminada.
Cambios en el régimen Penal Tributario
El proyecto eleva drásticamente los umbrales para configurar delitos de evasión, pasando la evasión simple de $1,5 millones a $100 millones y la agravada de $15 millones a $1.000 millones. Para facturas apócrifas, el piso sube de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión simple en Seguridad Social pasa de $200.000 a $7 millones. Además, introduce una "bala de plata": la acción penal se extingue si el contribuyente paga el total evadido más intereses y un 50% adicional dentro de 30 días de la notificación, por única vez.
Régimen simplificado de ganancias
Personas humanas con ingresos hasta $1.000 millones y patrimonio hasta $10.000 millones pueden optar por este régimen, donde ARCA calcula Ganancias solo por facturación, ignorando variaciones patrimoniales o consumos. Ofrece efecto liberatorio total al pagar la declaración propuesta y presunción de exactitud en DDJJ de Ganancias e IVA no prescriptas, salvo impugnación por omisiones graves. Esto blinda contra fiscalizaciones futuras, incluso de gobiernos posteriores, y prohíbe extender verificaciones a períodos no prescriptos para adherentes.
Nuevos plazos de prescripción y multas
La prescripción para determinaciones tributarias se reduce de 5 a 3 años para inscriptos que presenten DDJJ en término, y de 10 a 5 años en obligaciones previsionales bajo mismas condiciones. Multas formales suben de $200-$400 a $220.000-$440.000, y por facturación de $10 a $20.000, con ajustes anuales por UVA desde 2027. ARCA no denunciará por diferencias interpretativas o presunciones sin pruebas adicionales.
Estado actual y alcance
El proyecto invita a provincias a adoptar regímenes similares y deroga suspensiones de prescripción, priorizando recaudación sobre persecución. De 7.000 causas penales abiertas, solo 200 seguirían vigentes por montos significativos. Aprobado por oficialismo, PRO y UCR, representa un paradigma "recaudatorio" para combatir informalidad histórica.