Gobierno amenaza con ampliar denuncias contra la AFA por falta de balances

El Gobierno nacional volvió a centrar la atención en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), advirtiendo que podría ampliar las denuncias si la entidad no presenta los balances y documentos requeridos por la Inspección General de Justicia (IGJ) debido a presuntas irregularidades administrativas y financieras.

Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que la IGJ formalizó un nuevo pedido de información en el marco de un sumario que investiga la gestión encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia. La investigación abarca los estados contables, las operaciones en la provincia de Buenos Aires y la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).

El organismo solicitó documentación que respalde gastos e inversiones por más de 111 millones de dólares para la AFA y aproximadamente 340 millones de dólares para la Liga Profesional. Se estableció un plazo máximo de 20 días para presentar los estados contables y financieros correspondientes al 30 de junio de 2025, que aún no fueron entregados.

Desde el Ejecutivo indicaron que, en caso de no recibir respuesta o negativa a abrir los libros, la IGJ pedirá al Ministerio de Justicia la designación de un veedor informante, quien podrá revisar directamente libros, actas y documentación contable tanto de la AFA como de la Liga Profesional sin autorización previa de sus autoridades.

Además, advirtieron que cualquier resistencia a la labor del veedor o la detección de irregularidades podrán derivar en acciones judiciales, sanciones administrativas, multas económicas y bloqueo de trámites registrales ante la IGJ.

La investigación también incluye requerimientos de explicaciones sobre las asambleas ordinarias y extraordinarias realizadas el 28 de octubre de 2025 en el predio de Ezeiza, con especial interés en la participación de funcionarios de la Dirección General de Personas Jurídicas de Buenos Aires.

Según fuentes oficiales, la AFA habría realizado trámites para evitar el control sobre su sede, que fue trasladada a la provincia de Buenos Aires desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, el Gobierno exigió copias certificadas de las actas del Consejo Directivo y de las asambleas, además de toda la documentación relativa a la creación y funcionamiento de la UNAFA, incluyendo estatutos, autorizaciones estatales, convenios con universidades y comprobantes de adquisición del inmueble donde funciona la universidad.

Esta ofensiva administrativa se suma a las denuncias penales promovidas por el Ejecutivo a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que amplió la causa por presunta retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social, con un monto en investigación superior a 19.300 millones de pesos, en trámite en la Justicia Nacional en lo Penal Económico.