Mayans denuncia irregularidades y un desafío constitucional en la reforma laboral de Milei

El senador José Mayans, representante de Formosa y presidente del bloque kirchnerista en el Senado, manifestó su rechazo al llamado "debate exprés" del proyecto de reforma laboral enviado por el presidente Javier Milei. Para Mayans, esta iniciativa representa un avasallamiento de los derechos adquiridos por los trabajadores y constituye un desafío a la Constitución Nacional.

El legislador expresó su profunda preocupación por las irregularidades que, según afirmó, marcaron el proceso legislativo desde su inicio en la Cámara alta. Denunció que la conformación de las comisiones legislativas se realizó de forma incorrecta, señalando que se llevó a cabo fuera de término y sin respetar la proporcionalidad, elementos esenciales para legitimarlas.

Mayans explicó que la distribución adecuada de las comisiones requiere primero la aprobación en el recinto, luego su conformación y finalmente garantizar la proporcionalidad, pasos que, a su juicio, no fueron respetados. Indicó que se habilitó a Victoria Villarruel para conformar las comisiones sin la autorización del cuerpo legislativo.

El senador también denunció que el debate se realiza de manera acelerada, bajo la dirección de Milei y su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, buscando aprobar una ley con más de 190 artículos a toda prisa. Subrayó que esta reforma laboral pretende eliminar prácticamente todos los derechos establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución.

Además, calificó el proyecto como una reforma impositiva encubierta que debió iniciarse en la Cámara de Diputados, y que contradice el marco constitucional vigente. Advirtió que el proyecto favorece a las 150 personas más ricas del país eximiéndolas de impuestos, mientras que grava a los trabajadores, generando un desfinanciamiento en sectores clave como la educación, la salud y la seguridad provincial.

En sus palabras finales, Mayans definió la iniciativa como una medida "fuerte y totalmente adversa a los trabajadores", calificando la propuesta como "una locura absoluta" que afecta derechos fundamentales y los sistemas esenciales del Estado.