La UCA indica que la pobreza en Argentina bajó a 36,3% con una caída superior a 9 puntos
Según el último informe del ODSA, la indigencia también disminuyó alcanzando el 6,8% al tercer trimestre del año. Sin embargo, la caída real ajustada por metodologías de captación de ingresos sería menor.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) presentó su informe sobre la situación socioeconómica al cierre del tercer trimestre, donde la tasa de pobreza se situó en 36,3% y la indigencia en 6,8%.
Estos valores representan una disminución de 9,3 puntos porcentuales en pobreza respecto al mismo periodo del año anterior y una reducción de 8,4 puntos en comparación con el tercer trimestre de 2023, período previo a la asunción del presidente Javier Milei.
No obstante, al corregir los datos por mejoras en la captación de ingresos, la caída real de la pobreza monetaria bajo la gestión actual sería de solo 2,1 puntos porcentuales, estimándose que la pobreza ajustada en 2025 se mantendría cercana al 35%. El informe advierte que aproximadamente tres cuartas partes de la caída reportada podrían explicarse por este factor estadístico.
Los datos analizados incluyen privaciones monetarias, como pobreza e indigencia por ingresos, y otros indicadores complementarios como el estrés económico y la inseguridad alimentaria. Estos resultados se fundamentan en la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) y proyecciones de la EPH-INDEC abarcando el período 2010 a 2025.
Se define como pobreza aquella situación en la que los hogares tienen ingresos inferiores al umbral para adquirir la Canasta Básica Total (CBT), mientras que se considera indigencia cuando los ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), mínima para necesidades alimenticias.
El informe también destaca que las privaciones económicas persisten como un fenómeno estructural desde hace más de cuatro décadas, con un piso de pobreza por ingresos que ronda el 25% y una indigencia estable alrededor del 5% en las dos últimas décadas.
Durante el régimen político-económico posterior a la convertibilidad (2002-2023), la pobreza crónica nunca se redujo por debajo del 25-30%, consolidando un sector vulnerable concentrado en empleos informales o precarios, con fuerte dependencia de transferencias públicas.
