Ernesto Clarens admitió que llevaba dinero a Cristina y Néstor Kirchner o a sus secretarios

El juicio por la causa Cuadernos volvió a activarse en un contexto de fuertes presiones para agilizar el trámite. Tras semanas con tensiones sobre el ritmo del debate, el Tribunal Oral Federal 7 reanudó las audiencias el martes a las 13 con una estrategia clave: implementar dos encuentros semanales para acelerar un proceso que avanzaba muy lentamente desde su inicio.

El tribunal continúa con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, un segmento extenso que se prevé finalizar el 2 de diciembre debido a la magnitud del caso, que incluye a 86 acusados entre exfuncionarios, empresarios e imputados colaboradores y abarca 540 episodios de supuestos pagos ilegales. Esta gran dimensión ha generado debates sobre logística, personal y espacios adecuados para sostener el ritmo del juicio.

En la sesión del martes se leyó el tramo de las declaraciones de empresarios arrepentidos que identificaron a Cristina Kirchner como la líder del esquema de recaudación de sobornos. También señalaron a Julio De Vido como el principal referente organizacional, al responsabilizarlo por haber establecido la estructura delictiva desde su inicio hasta su conclusión.

El secretario del tribunal continuó con la lectura de la declaración pendiente del financista Ernesto Clarens, quien relató: "Me fui de la familia Gotti porque eran rehenes de los Kirchner. Las empresas del sur se repartían las obras entre ellos y entregaban retornos elevados al entonces gobernador Kirchner. Sus dueños me decían que tenía que separar dinero para entregárselo a Lázaro Báez, quien —supongo— luego lo remitía a Néstor Kirchner. Esto se repitió durante su presidencia".

Clarens agregó: "Después de la muerte de Néstor, Cristina quiso salvar a Gotti pero pretendía sacar a José López del medio. El dinero de la empresa salía de Aeroparque, del sector militar, y el destino era El Calafate. En una ocasión, entraron bolsos por la cocina".

Además, se leyó la declaración de Víctor Gutiérrez, secretario de la Presidencia durante el mandato de Néstor Kirchner, quien describió la relación con la expresidenta: "Nadie quería trabajar con Cristina. La llamábamos ‘la loca’ o ‘la yegua’. A veces le pegaba en broma con el teléfono a Néstor".

La investigación sostiene que "el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o a sus secretarios privados en domicilios particulares y oficiales, y parte de esos fondos fue redistribuida o utilizada para pagos a otros funcionarios públicos".

Respecto a la responsabilidad de Cristina Kirchner, la fiscalía remarcó que quedó reflejada en las anotaciones de Óscar Bernardo Centeno y en las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti, siendo quien tuvo la jefatura de la organización y el control efectivo sobre los pagos realizados por empresarios.

En el banquillo están figuras centrales de la política y la empresa, como Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros. También figuran empresarios como Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero y Alberto Taselli. El imputado Óscar Centeno, chofer cuyos cuadernos originaron la causa, también está incluido.

Previo al reinicio de las audiencias, el tribunal sobreseyó a Enrique Pescarmona tras un informe del Cuerpo Médico Forense que determinó una incapacidad mental sobreviniente por una enfermedad neurodegenerativa. Con esa situación resuelta, se retomó el foco en acelerar el juicio para una pronta resolución.