Incremento de prestaciones para personas con discapacidad en tres fases

El Ministerio de Salud ha decidido llevar a cabo una actualización en el nomenclador de prestaciones, lo que implica incrementos que fluctúan entre el 29,7% y el 35,4%, distribuidos en tres tramos que se aplicarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Esta decisión se produce tras la reciente orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, que obligó al restablecimiento de las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral, las cuales habían sido suspendidas. Sin embargo, se ha informado que no se reanudarán los beneficios para personas en prisión.

El ajuste en el nomenclador se determinó en una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, donde participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta medida fue facilitada por la decisión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien asignó una partida presupuestaria adicional para cubrir los aumentos previstos.

"Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención", afirmaron representantes de ANDIS y del Ministerio de Salud, quienes también están involucrados en el seguimiento y control del sistema.

El nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, que sirve como referencia oficial para los aranceles que reciben las instituciones, profesionales y servicios que atienden a personas con discapacidad. Los beneficiarios de este incremento incluyen prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros servicios esenciales.

Este aumento se produce tras las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza logró un significativo triunfo sobre la oposición. Este incremento llega con cierto retraso, dado que el último ajuste se realizó en diciembre de 2024, con un aumento del 0,5%.

La demora en los incrementos había resultado en la interrupción de algunos servicios, el cierre de centros de atención y retrasos en el pago de prestaciones. En respuesta a esta situación, organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad y otras agrupaciones llevaron a cabo marchas frente al Congreso y el Ministerio de Salud, exigiendo un aumento en el nomenclador y que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que estipula un incremento del 70%, en lugar del 35% aprobado por las autoridades.