El impacto de la presión impositiva en el costo del crédito
Un análisis revela que los impuestos provinciales y municipales incrementan el costo del crédito en un 20% promedio, afectando el financiamiento en Argentina.
El crédito es esencial para el desarrollo, tanto de empresas como de familias, afirmó Osvaldo Giordano, presidente de IERAL, al presentar un informe técnico en colaboración con ADEBA y ABA. Giordano destacó que sin una solución a la problemática impositiva, particularmente en lo que respecta a los tributos locales, el crecimiento del crédito se verá comprometido.
El economista subrayó que la presión tributaria actúa como un obstáculo para el desarrollo del crédito, un instrumento fundamental para el avance del país. El estudio titulado "Impacto de las tasas municipales sobre el crédito" resalta que el tipo y nivel de presión tributaria sobre la intermediación financiera es un factor crucial.
Las evidencias indican que numerosos municipios aplican tributos sin un respaldo legal adecuado. Según la Corte Suprema, las tasas deben estar vinculadas a un servicio público específico, ser accesibles para el contribuyente, ser proporcionales al costo del servicio y destinarse exclusivamente a financiar dicho servicio.
Sin embargo, muchas ordenanzas municipales no cumplen con estos requisitos, lo que genera una dispersión normativa que incrementa los costos administrativos y la inseguridad jurídica. Este escenario obliga a los bancos a ampliar sus áreas administrativas, invirtiendo recursos significativos en la interpretación y cumplimiento de normativas locales diversas.
El análisis, basado en datos de 51 municipios en 10 provincias que abarcan cerca del 30% de la población del país, revela que la alícuota promedio ponderada es del 5,9% sobre los ingresos brutos. Esta presión tributaria, por su magnitud, no solo excede los límites de una tasa, operando como un impuesto encubierto, sino que también impacta considerablemente en el costo del crédito.
El estudio también destaca que el promedio oculta diferencias significativas entre jurisdicciones, donde incluso municipios similares aplican tasas muy diferentes sobre la intermediación financiera.
Al considerar los tributos provinciales y municipales que gravan directamente el crédito, se estima que la tasa actual supera el 42%, lo que implica un incremento de más del 20% debido a los impuestos locales. En CABA y Mendoza, el impacto es más moderado, con un aumento del 10%, dado que en el primer caso no se aplica una tasa municipal y en el segundo, la tasa es considerablemente más baja.
La carga se agrava aún más al incluir el IVA, lo que puede llevar el aumento en el costo del crédito a casi el 50% en algunas localidades. En contraste, en grandes ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se han registrado tasas efectivas superiores al 7% de los ingresos brutos de los bancos.
Adicionalmente, hay diferencias arbitrarias en la presión tributaria entre sectores económicos, donde la carga sobre la intermediación financiera es significativamente mayor en comparación con otros sectores, que rara vez superan el 1%.
Por ejemplo, un préstamo con una tasa de interés del 35% puede ver su costo elevado a más del 42% al incluir los tributos municipales y provinciales, lo que representa un incremento de 7,5 puntos porcentuales.
A modo de ilustración, las tasas aplicadas en diferentes jurisdicciones varían considerablemente, lo que evidencia la falta de equidad tributaria. En localidades como La Plata, se aplican tasas por servicios de inspección relacionados con la salubridad y seguridad, mientras que en San Fernando del Valle de Catamarca y otras ciudades se imponen tasas por servicios de habilitación y control.
El informe señala que la ambigüedad en los servicios que justifican el cobro de estas tasas revela una desconexión entre la carga fiscal y los beneficios reales para los contribuyentes, lo que agrava la desventaja competitiva de los negocios con presencia física.
Ante este panorama, se vuelve urgente revisar y replantear la forma en que los municipios gravan la actividad financiera, buscando un esquema más simple y homogéneo que respete los límites legales y garantice la contraprestación adecuada por los servicios prestados.
La reciente litigiosidad, con acciones judiciales promovidas por entidades como el Banco Nación, cuestionando la validez de las tasas municipales, refleja estas tensiones. Aunque aún no hay sentencias firmes, se han dictado cautelares que han permitido reducir la carga impositiva en varios municipios.
Un aspecto adicional a considerar es que este nuevo esquema podría corregir la asimetría actual entre quienes operan con sede física y aquellos que ofrecen servicios financieros de manera digital, donde estos últimos eluden la carga tributaria municipal.