El Gobierno también vetó la emergencia en pediatría

A pocas horas de confirmar el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente Javier Milei ha tomado la decisión de rechazar la Ley de Emergencia Pediátrica, una normativa que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación con el objetivo de fortalecer la atención en hospitales y centros de salud pediátricos a nivel nacional.

La medida fue oficializada el jueves a través del Boletín Oficial, en el último día del plazo legal para la adopción de dicha decisión. Con este veto, el Ejecutivo deja sin efecto una iniciativa que había logrado un amplio consenso bipartidista, al haber sido aprobada con 62 votos afirmativos y solo 8 en contra en el Senado.

Los fundamentos presentados por la Casa Rosada para el veto de la Ley de Emergencia Pediátrica argumentan que la ley "carece de sostén presupuestario" y que su implementación comprometería el "equilibrio fiscal" que el presidente Milei ha declarado como prioritario. La decisión se enmarca en el artículo 84 de la Constitución Nacional, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de vetar una ley por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

La norma, impulsada por legisladores de diversas agrupaciones políticas, buscaba asignar partidas especiales para la adquisición de insumos, equipamiento y una recomposición salarial para los profesionales de la salud pediátrica, en un contexto alarmante por el aumento de casos de enfermedades respiratorias y la creciente demanda en hospitales como el Garrahan.

Desde el Gobierno, la explicación se sitúa en el marco de un plan de ajuste fiscal y en la meta de mantener un déficit cero, una de las principales banderas de la gestión libertaria. "Aumentar el gasto sin un respaldo genuino obligaría al Estado a financiarse mediante emisión, lo que genera inflación y afecta en última instancia a los sectores más vulnerables", manifestaron fuentes oficiales.

La decisión de veto sobre la Ley de Emergencia Pediátrica plantea interrogantes sobre la dirección de las políticas de salud en el país y la capacidad del Gobierno para gestionar la crisis en el sector. Este contexto exige un análisis profundo sobre las futuras implicaciones de tales decisiones en la salud pública, especialmente en un área tan crítica como la pediátrica.