Declaran nulo el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Un juez federal falló a favor de un amparo presentado por padres de menores con discapacidad y consideró que el derecho a la salud debe prevalecer sobre las restricciones presupuestarias.
El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto del Gobierno de Javier Milei que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso. El juez Adrián González Charvay falló a favor de un amparo presentado por los padres de dos menores con discapacidad, quienes argumentaron que la medida del Poder Ejecutivo afectaba los derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
En su sentencia, a la que tuvo acceso TN, el magistrado aseguró que "el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias". Además, destacó que la decisión del Gobierno "viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad".
El derecho a la salud por encima de todo
El juez González Charvay advirtió que el veto provoca un "deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud" que afecta a un grupo de personas que demandan una protección especial por parte del Estado. La sentencia recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la existencia del derecho autónomo al cuidado, haciendo énfasis en la responsabilidad del Estado con los menores de edad y las personas con discapacidad.
La decisión judicial implica la vigencia automática de la Ley 27.793, que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y dispone un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio. La ley también establece que dichas pensiones serán compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos. La sentencia puede ser apelada por el Estado ante la Cámara Federal de San Martín.
En el Decreto 534/2025, el Gobierno había fundamentado su decisión en el hecho de que la ley implicaba un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.
