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Disolución de AFIP

Diego Hagmann: "Un cambio necesario en un contexto crítico"

El economista sanjuanino advierte que la implementación de cambios en la AFIP será un proceso gradual, pero necesario para lograr un sistema fiscal más equitativo.

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En medio de un contexto económico crítico para Argentina, el anuncio de la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha generado un amplio debate. El economista sanjuanino Diego Hagmann en Zonda Diario se pronunció sobre el tema, ofreciendo un análisis detallado de las razones detrás de esta medida y sus posibles repercusiones.

Un cambio necesario
Hagmann comenzó su análisis señalando que "la disolución de la AFIP responde más a cuestiones administrativas que a un cambio radical en la política fiscal. Esto ha generado un efecto multiplicador que hizo que se llegara a estos niveles", afirmó, refiriéndose a la situación insostenible de la institución, donde algunos cargos alcanzaban salarios exorbitantes de 40 millones de pesos mensuales. En un país que enfrenta altos niveles de pobreza y una inflación descontrolada, esta discrepancia se vuelve difícil de justificar.

El economista propuso un tope salarial de 4 millones de pesos mensuales, que considera más acorde con la realidad económica del país. "La idea ahora es limitarlo para que haya un reordenamiento que refleje las condiciones actuales de Argentina", explicó. "Este cambio busca no solo regularizar la situación dentro de la AFIP, sino también enviar un mensaje claro a la sociedad sobre la necesidad de austeridad en un contexto de crisis".

Regularización y reducción de personal
Uno de los puntos destacados por Hagmann es la regularización de la plantilla de la AFIP. Se estima que hasta el 30% de los empleados podrían ser despedidos, especialmente aquellos en cargos altos, incluidos muchos nombrados en los últimos tiempos. Actualmente, la AFIP cuenta con alrededor de 25.000 empleados, y la propuesta implicaría una reducción significativa en su número. "La idea es simplificar la institución y reducir costos, lo que podría resultar en un ahorro cercano a los 6.000 millones de pesos anuales", comentó.

Además, la reestructuración contemplaría la división de la AFIP en las antiguas Direcciones Generales de Imposición (DGI) y Aduanas (DGA), similar a la organización que existía en la década de 1990.

Simplificación del sistema tributario
Hagmann enfatizó la necesidad de simplificar el sistema tributario argentino, que actualmente se caracteriza por una gran cantidad de resoluciones y normativas. "La cantidad de resoluciones generales que tiene la AFIP es abrumadora", señaló. "La simplificación no solo busca facilitar la gestión tributaria, sino también reducir la presión fiscal, que en Argentina se encuentra entre las más altas del mundo", señaló.

"Estamos hablando de una presión fiscal que ha llegado a casi el 48% del PBI. Esto es insostenible para un país que no ofrece servicios de calidad acordes a ese nivel de carga tributaria", argumentó. Hagmann sostiene que una reducción en las tasas impositivas y la eliminación de impuestos como el impuesto PAIS podría aliviar la carga sobre los contribuyentes y fomentar el crecimiento económico.

Un proceso gradual
Aunque los cambios propuestos son significativos, Hagmann advierte que la implementación no será inmediata. "Esto es un proceso, no se va a concretar de un día para el otro", explicó. La situación compleja del país requiere tiempo y un enfoque cuidadoso para evitar un colapso en la recaudación y asegurar que el sistema tributario sea funcional y justo.

Además, el economista mencionó que las obligaciones tributarias de los contribuyentes permanecerán sin cambios inmediatos. Sin embargo, espera que, a largo plazo, la simplificación del sistema y la reducción de impuestos mejoren la situación económica de los ciudadanos.

La disolución de la AFIP y la reestructuración del sistema tributario argentino son temas que requieren un análisis profundo y un enfoque equilibrado. Según Diego Hagmann, estos cambios pueden ser un primer paso hacia un sistema más eficiente y equitativo, pero la implementación deberá manejarse con cautela para evitar efectos adversos en la economía nacional. La sociedad espera, más que nunca, un alivio tangible en un contexto de crisis y altas tasas de pobreza.

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