INTA San Juan: el retiro voluntario no convence y solo 4 empleados se adhirieron

El reciente ajuste impulsado por el gobierno nacional al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se materializó a través de un plan de retiro voluntario, ha generado escaso interés entre los trabajadores de la entidad. En la provincia de San Juan, solo cuatro personas han decidido acogerse a la medida, un número que contrasta fuertemente con las metas establecidas a nivel nacional, donde solo 110 empleados han optado por esta vía. La propuesta, que cerró el pasado 7 de octubre, recibió una baja adhesión, lo que ha motivado una prórroga de un mes más con la intención de aumentar las inscripciones.

Este ajuste forma parte de las medidas de austeridad impulsadas por el partido La Libertad Avanza (LLA), liderado por Javier Milei, que ha propuesto una reducción de 1.500 puestos de trabajo en el INTA, organismo que cuenta actualmente con alrededor de 6.700 empleados en todo el país. La intención original de la convocatoria era lograr que 900 trabajadores se acogieran al retiro voluntario, pero las cifras muestran que el objetivo está muy lejos de cumplirse. Hasta el momento, solo 110 empleados a nivel nacional han presentado sus papeles para adherirse a esta medida, lo que ha encendido las alarmas sobre las posibles consecuencias que esto podría traer para la institución y sus trabajadores. Algunos trabajadores que tienen la antigüedad como para adherirse al retiro voluntario, 18 años, afirmaron que "no es atractivo, pues las indemnizaciones que se pagan no son buenas"

Un ajuste que genera incertidumbre
El temor entre los empleados del INTA es que este retiro voluntario sea solo la antesala de medidas más drásticas. Los rumores sobre despidos masivos o presiones para que los trabajadores que ya cumplieron con los requisitos de edad aceleren sus jubilaciones están ganando fuerza. Esto no es nuevo para el personal del INTA, que ya en abril pasado fue objeto de una intimación para que aquellos en edad jubilatoria completaran los trámites. En esa oportunidad, 216 personas fueron notificadas, aunque solo 40 accedieron a la jubilación, mientras que la mayoría sigue desempeñándose en sus roles.

En San Juan, seis empleados se jubilaron tras estas gestiones previas, pero el panorama de ajuste generalizado mantiene en vilo a todo el plantel del INTA en la provincia. Los trabajadores temen que, si no se alcanzan los objetivos de reducción de personal mediante el retiro voluntario, las autoridades implementen despidos directos, afectando a profesionales cuya labor resulta fundamental en áreas rurales y de investigación agropecuaria.

El impacto del ajuste en el INTA San Juan
El INTA tiene un rol clave en San Juan, no solo por su trabajo en investigación y desarrollo agrícola, sino también porque en muchas zonas rurales actúa como el único nexo entre los pequeños productores y el asesoramiento técnico especializado. La reducción del personal del INTA en la provincia podría dejar a muchos agricultores sin acceso a la orientación profesional que necesitan para optimizar sus cultivos, implementar nuevas tecnologías o mejorar la gestión de recursos hídricos, un tema crucial en una región con un clima árido como San Juan.

Además, el INTA ha sido históricamente una fuente de innovación y desarrollo para la industria agrícola, contribuyendo a mejoras sustanciales en la producción de uva, olivos, pistachos, espárragos y otros cultivos que representan el corazón de la economía agrícola de la provincia. Cualquier merma en su capacidad operativa afectará directamente la competitividad de estos sectores, que en los últimos años han enfrentado una creciente demanda de tecnificación y sustentabilidad.

Un contexto de ajuste a nivel nacional
El ajuste propuesto para el INTA no es un caso aislado, sino parte de una política general del gobierno nacional para reducir el gasto público en diferentes áreas. Esta estrategia ha afectado a diversos organismos, pero en el caso del INTA el impacto es particularmente sensible debido a su vínculo directo con el sector productivo. Durante el gobierno de Carlos Menem, el INTA también fue objeto de un intento de achicamiento y privatización parcial. En ese entonces, surgió el programa "Cambio Rural", que buscaba externalizar algunas de las funciones del Instituto, sobre todo las relacionadas con la extensión agropecuaria, es decir, el contacto directo entre los técnicos y los productores. Este programa fue discontinuado recientemente por el gobierno de Javier Milei, que promueve una mayor participación del sector privado en la asistencia técnica y la investigación. De hecho, en la provincia se quedaron 24 grupos de cambio rural sin asistencia técnica.

El modelo chileno de extensión agrícola, donde el Estado juega un rol menor y el sector privado asume una mayor responsabilidad, es un ejemplo que ha sido considerado en varias oportunidades por distintos gobiernos argentinos como una posible dirección a seguir. Sin embargo, en Argentina, donde la diversidad climática y productiva requiere soluciones específicas para cada región, la presencia del INTA ha sido indispensable para garantizar que los productores más pequeños puedan acceder a tecnología y conocimientos que de otro modo les resultarían inaccesibles.

Consecuencias a largo plazo
El ajuste que enfrenta el INTA podría tener efectos devastadores a largo plazo no solo para los empleados de la institución, sino también para el campo argentino en general. La falta de personal capacitado para brindar asistencia técnica en zonas rurales podría derivar en una pérdida de competitividad para los productores nacionales, quienes ya enfrentan desafíos importantes como la fluctuación de precios internacionales, el acceso limitado a insumos importados y las dificultades para comercializar sus productos en un mercado interno que también atraviesa una profunda crisis económica.

A nivel provincial, el INTA San Juan ha sido un actor clave en la implementación de prácticas de manejo del agua, la innovación en cultivos y la adaptación a los cambios climáticos. Reducir su capacidad de intervención en estos temas podría tener un impacto directo en la sostenibilidad de las prácticas agrícolas locales, afectando tanto a los productores como a la economía general de la provincia.

Por todo ello, los trabajadores del INTA en San Juan y en el resto del país se mantienen en estado de alerta, conscientes de que el fracaso del retiro voluntario podría desembocar en un ajuste aún más severo. Mientras tanto, los pequeños y medianos productores que dependen del INTA para mantener sus explotaciones productivas también miran con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos. La continuidad y el fortalecimiento de este organismo resultan cruciales para asegurar un futuro sostenible para la agricultura argentina, especialmente en un contexto donde la innovación y la tecnificación son cada vez más necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI.