Dos tercios para frenar el régimen neoliberal en el caso tarifas y energía

Es llamativo lo que el efecto no - Milei ha conseguido en términos de mayoría legislativa, ya que en la votación por jubilados y financiamiento universitario se consagró una sólida mayoría calificada de 2/3 de sentido contrario al recorte de ingresos y el déficit cero promovida por el P.E.N.

Ello implica que el Poder Ejecutivo Nacional, ante un tema de trascendencia social votado por los bloques opositores que implique un freno, o, una alteración del programa de ajuste antisocial, se encontraría obligado constitucionalmente a cumplir esa normativa votada en el Congreso.

Entonces, con este poder legislativo amplio opositor promoviendo leyes de protección social, se colige que se podría redirigir el curso de la política oficial hacia fines diferentes al ideario del déficit cero fundamentalistas que reina en el gobierno nacional.

Hago referencia a esa herramienta legal de los 2/3 porque se la podría emplear para neutralizar lo que más daño social inmediato está produciendo a toda la población, esto es, los aumentos desorbitantes de los servicios públicos. Ya que este costo exorbitante energético puesto en tarifas inaccesibles es un factor que cruza a toda la población y a la actividad económica misma de modo transversal.

Mirando este panorama económico y social desolador dónde se tiene que forzosamente "elegir" entre comer o pagar los servicios públicos, está faltando una iniciativa legislativa que alivie este desequilibrio fundamental existente entre un nivel altísimo de los servicios públicos como luz, agua, gas, transporte, etc, con la evolución retrasada de los ingresos de la población.

Es decir, ante el topeo de los salarios e ingresos de la población, al menos hay que intentar que el mayor precio de los servicios no se dispare olímpicamente de los ingresos tomados a la fecha de los tarifazos. Sobran criterios para plasmar una ley justa con sentido social para ponerle coto a la sangría de sufrimientos que padece el pueblo por obra de un tarifazo empobrecedor. Un criterio rector a implementar por ley lo constituye, por ejemplo, que el derecho humano energético a nivel internacional indica, que la proporción del gasto, en relación con el ingreso, no puede superar el 10% so pena de incurrir en pobreza energética.

or supuesto que este criterio general o estándar de naturaleza  internacional, se lo puede corregir o adaptar, por ejemplo, mediante una segmentación por deciles de salario y modificar los pisos de los deciles aumentado el porcentaje respectivo hasta llegar a un máximo de 20 % si lo ameritaría según un criterio de relación de proporcionalidad con los ingresos.

El tarifazo es el corazón de un sistema de libre mercado dónde el Estado no tiene ningún rol relevante y sólo debe dejar hacer y dejar pasar el movimiento de los flujos de valor económico. Por ello, el plan actual impulsado por el P.E.N., es que no haya mercado interno con diferenciación de costos y precios respecto a las lógicas de costos y precios a nivel internacional.

Por esta razón, el tema tarifas energéticas en general es un paladín del actual sistema, a tal punto que se puede decir sin cometer arbitrariedad que, estamos en presencia más que de un cambio de política ante un cambio de  régimen económico de neto corte a-social. Este es el punto estratégico de la economía hoy en este ciclo neoliberal.

Entonces, en relación con el tema tarifas, se aprecia que los 2/3 de la voluntad legislativa evidenciada en jubilados y universidades, alcanzaría su plena utilidad práctica en orden a dar un cambio de timón al régimen neoliberal actual en el tema tarifas y energía.

Ello habida cuenta que lo que ha hecho el congreso argentino con esa mayoría calificada es plenamente legítimo, ya que legisló de modo diverso y contrapuesto a la lógica neoliberal. Esa política legislativa siendo distinta es plenamente válida, ya que se dio por fines y medios empleados, dentro de la ley y el orden constitucional.

Esta política legislativa es toda una novedad de resistencia política saludable, ya que ha buscado no dejarle al neoliberalismo en el gobierno un campo orégano para las operaciones de implementación política en desprecio de las condiciones sociales de existencia de la mayoría.

Es decir, hay que revalorizar esta dinámica democrática nueva de resistencia- resiliencia, ya que ha evidenciado que hay una significativa herramienta legislativa para cuestionar la viga economicista de Excel del régimen neoliberal.