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Tras analizar el penal

Recomiendan implementar en San Juan un sistema de Justicia Restaurativa

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura visitó el Penal de Chimbas y aseguran que está superpoblado. Por ello se reunieron con el Poder Judicial y recibieron, la noticia de que la Justicia trabaja en la implementación de políticas judiciales de Justicia Restaurativa ¿De qué se trata?

Imagen de referencia, entrada de Tribunales.

Esta semana, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el órgano nacional que supervisa las cárceles, recorrió el Penal de Chimbas y se encontraron con aspectos tanto positivos como negativos. Sin embargo, desde esta entidad aseguran que el penal de Chimbas tiene una superpoblación del 100%, tal como lo confirmó uno de los comisionados del mencionado organismo, Leandro Halperin, en diálogo con Zonda Diario, en una nota publicada esta semana.

El jueves, los referentes de esta entidad nacional mantuvieron un encuentro con los tres poderes del Estado sanjuanino, en el cual les comentaron algunas de las situaciones que habían observado. Cabe destacar que este organismo ahora tiene 20 días para remitir su informe al Poder Ejecutivo, y este último tiene otros 20 días más para contestar.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, inspecciona el penal de Chimbas.

Si bien este jueves no se emitió un informe completo, lo que no se puede ocultar es el tema de la superpoblación. También se supo que desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura mencionaron la gran cantidad de personas en el penal que cumplen penas cortas o están en prisión preventiva, es decir, que aún no han sido condenadas.

En este marco, Zonda Diario dialogó con Kevin Nielsen, uno de los referentes de este organismo que estuvo presente en la reunión realizada el jueves.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, inspecciona el penal de Chimbas.

La necesidad de una Justicia Restaurativa

En este contexto, se desprende que desde el comité se podría llegar a recomendar la implementación de políticas en la provincia relacionadas con la justicia restaurativa como forma de resolver conflictos que puedan solucionarse de esta manera, así como también medidas alternativas a la prisión, que ya existen y están institucionalizadas.

"Sobre todo, la idea es buscar alternativas que atiendan a reparar el daño más que a privar de la libertad a una persona por cuestiones que pueden ser fácilmente reparadas. También se busca que la persona que cometió el delito se responsabilice con la víctima y con la comunidad, reparando el daño. Tal vez así logramos que no reincida, y las investigaciones comprueban que esto es mucho más efectivo, por lejos, que el mero encierro. Porque, además, una persona que está condenada a una pena de meses de prisión, o de uno o dos años, es muy difícil, por no decir imposible, que el servicio penitenciario establezca un tratamiento psicológico, laboral y educativo adecuado, ya que no hay tiempo suficiente para realizarlo. Entonces, lo que sucede es que solo es un castigo, un mero encierro", analizó Nielsen respecto a esta situación.

Habría intención del Poder Judicial de implementar políticas de Justicia restaurativa

Al respecto, comentó que manifestaron esto al Poder Judicial, y les llamó la atención el tema de la inflación penal y la cantidad de personas dentro del penal con penas muy cortas o en prisión preventiva, es decir, personas que aún no han sido enjuiciadas.

Acá es donde entra en el contexto el Sistema Acusatorio en San Juan, que ha acelerado los juicios y con ello ha generado más reos. 

"Nos dijeron que están muy cerca de implementar un programa de justicia restaurativa, que implicaría que un equipo de profesionales interdisciplinarios cree una oficina o agencia específica para abordar este tipo de delitos. Al mismo tiempo, nos mostraron estadísticas que corroboran, en parte, nuestras recomendaciones de 2022, que tienen que ver con la utilización de la prisión preventiva. Esas estadísticas aún debemos analizarlas, pero la respuesta que obtuvimos es que esta problemática ha sido advertida y que será abordada mediante un programa específico de justicia restaurativa", agregó.

La justicia restaurativa, según autores y estudios en Argentina y en el ámbito internacional, es un enfoque de resolución de conflictos que busca reparar el daño causado por un delito, en lugar de centrarse exclusivamente en el castigo del infractor. Este enfoque involucra a la víctima, al infractor y, en algunos casos, a la comunidad, promoviendo un diálogo que permita entender el impacto del delito y buscar una solución que beneficie a todas las partes.

¿Qué es la justicia restaurativa?

Howard Zehr, uno de los principales teóricos de la justicia restaurativa, la define como "un proceso que implica a las partes afectadas por un delito en la identificación y reparación de los daños, las necesidades y las obligaciones, con el fin de sanar y reconstruir relaciones rotas". La idea central es que el delito no solo viola la ley, sino que también daña a las personas y las relaciones sociales.

Daniel Rafecas, un juez argentino que ha promovido la justicia restaurativa en el país, señala que este enfoque permite abordar el delito de una manera más integral, enfocándose en las necesidades de la víctima y del infractor, y no solo en aplicar una pena. Rafecas ha defendido la implementación de programas de justicia restaurativa en Argentina como una manera de reducir la reincidencia y mejorar la rehabilitación del delincuente.

Una medida que sí vieron como positiva en el Penal 

Por otra parte, Nielsen también destacó el papel de los jueces de la Primera Circunscripción de Ejecución Penal, asegurando que "se involucran mucho en la vida carcelaria y han sugerido, y el Servicio Penitenciario lo ha implementado, una sectorización especial para las personas con penas cortas, separándolas del resto de la población. Esto evita mezclar a quienes cometieron delitos graves con quienes cometieron delitos leves, además de permitirles recibir un tratamiento específico".

Pero eso no es todo. También destacó que en el Servicio Penitenciario Provincial hay algo que no es común en otros penales del país: una diferenciación etaria, donde los internos de entre 18 y 25 años están juntos. "Consideramos que es una buena práctica, porque en otros penales esta diferenciación solo existe hasta los 21 años, y luego no hay un lugar específico. Tomando este concepto de juventud de manera más amplia, está bien que estén juntos hasta los 25 años y que reciban un tratamiento adecuado. Con la voluntad estatal y de los operadores del sistema, se puede trabajar muy bien para tratar de reducir la reincidencia en este rango etario", comentó.

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