México, el primer país en elegir a los jueces con voto popular
Los magistrados serán elegidos en comicios extraordinarios. Se reduce el número de miembros de la Corte y se incorpora la figura de los jueces "sin rostro".
En una decisión histórica, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró que su propuesta de reforma judicial fuera aprobada este miércoles, marcando un hito en la historia de la justicia mexicana. México se convierte así en el primer país en el mundo que elegirá a todos sus jueces, incluidos los miembros de la Suprema Corte, mediante votación popular.
La reforma constitucional, que fue aprobada gracias a las amplias mayorías obtenidas por el oficialismo en las elecciones del 2 de junio, se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de López Obrador y la Suprema Corte. Esta última había bloqueado anteriormente leyes clave relacionadas con la expansión del control estatal en el sector energético y la delegación de responsabilidades en materia de seguridad al ejército.
Claves de la Reforma
La reforma introduce una serie de cambios profundos y controvertidos en el sistema judicial mexicano. La medida más destacada es la elección popular de jueces y ministros, un cambio radical respecto al sistema previo en el que los miembros de la Suprema Corte eran propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, y los jueces y magistrados eran designados por el Consejo de la Judicatura Federal tras rigurosos procesos de selección.
Según la reforma, los jueces y magistrados, incluyendo los de la Suprema Corte, serán elegidos en comicios extraordinarios que se celebrarán en 2025 y 2027. Los candidatos para estos comicios serán propuestos de manera paritaria por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en un esfuerzo por garantizar una representación equilibrada en el proceso de selección.
Reacciones y Controversias
El presidente López Obrador ha defendido la reforma como una medida necesaria para combatir la corrupción en el sistema judicial. Sin embargo, la oposición, organizaciones no gubernamentales y diversos actores internacionales, incluyendo Estados Unidos, han expresado preocupaciones sobre la posible erosión de la independencia judicial. Argumentan que la reforma podría poner a los jueces en una posición vulnerable frente a influencias externas, incluyendo el narcotráfico, que ya juega un papel en la política nacional.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, ha calificado la reforma como un caso único y sin precedentes, advirtiendo sobre los riesgos que podría implicar para la autonomía de los tribunales.
Cambios en la Suprema Corte
Además de la elección popular de jueces, la reforma también contempla una reducción en el número de ministros de la Suprema Corte, pasando de once a nueve. El periodo de mandato de los ministros se reducirá de 15 a 12 años, y se eliminará la pensión vitalicia que recibían al finalizar su mandato. La reforma también prohíbe que los ministros ganen más que el presidente, una medida que, aunque ya existe, no se había cumplido en la práctica.
Nueva Estructura Judicial
Otro cambio significativo es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que será reemplazado por un nuevo órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal será responsable de evaluar e investigar el desempeño de los jueces, con la capacidad de remitir casos criminales a la Fiscalía y solicitar juicios políticos ante la Cámara de Diputados.
La reforma judicial de López Obrador, con sus profundas implicaciones para el sistema de justicia en México, no solo marca un cambio radical en el proceso de selección de jueces, sino que también abre un nuevo capítulo en la relación entre el poder ejecutivo y los tribunales del país. El impacto de estas medidas y su implementación será objeto de seguimiento y debate en los próximos años.
